Ruddy Gabriel Rojas, quien se desempeñó como gobernador del penal de Uyuni, ha sido oficialmente separado de la Policía Boliviana tras una decisión del Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí. Esta medida se debe a su implicación en una red de corrupción dentro del centro penitenciario, así como su conexión con el caso de Felipe C., un exrecluso que también estaba involucrado en actividades delictivas y cuya muerte está relacionada con esta situación.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó sobre esta baja definitiva a través de sus redes sociales, subrayando la gravedad de las acciones de Rojas. La resolución del tribunal establece que se le retira de la institución sin posibilidad de reincorporación, en virtud de la falta disciplinaria descrita en la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, que prohíbe concertar acuerdos ilícitos con criminales en beneficio propio o de terceros.
Del Castillo enfatizó que la integridad de la institución policial no debe verse comprometida por las malas prácticas de algunos de sus miembros, resaltando el compromiso de muchos otros policías que laboran con dedicación y ética.
Rojas fue arrestado junto a cinco policías más en el contexto de la investigación sobre Felipe C., quien, a pesar de haber sido condenado a 30 años de prisión por asesinato, fue detenido en Oruro el 27 de enero de 2025. Se ha revelado que el exrecluso contaba con permisos otorgados por Rojas para salir del penal, y se le acusa de estar involucrado en robos de vehículos. Además, se descubrieron transferencias de dinero desde Felipe C. hacia Rojas, lo que añade más peso a las acusaciones en su contra
