Rodrigo Paz, quien fue alcalde de Tarija y actualmente se desempeña como senador, ha sido formalmente acusado por la Fiscalía de la región. Las imputaciones incluyen delitos como contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, todos relacionados con la construcción del puente 4 de Julio durante su administración.
La fiscalía ha señalado que tras una investigación preliminar se han encontrado indicios suficientes que apuntan a la posible comisión de estos delitos por parte de Paz. Los cargos se basan en diversas disposiciones del Código Penal, así como en la Ley 004, que abordan estas conductas delictivas.
Además de Paz, otros exconcejales han sido incluidos en el proceso, enfrentando acusaciones de incumplimiento de deberes. Los nombres de los implicados son Alfonso Paul Lema Grosz, Cira Flores Villaroel, Esther García Andrade de Mondocorre, Valmore Eduardo Donoso Zambrana y Alan Echart Sossa.
El origen de este proceso judicial se remonta a la gestión del puente, que comenzó el 10 de julio de 2018, bajo la administración de Paz. La obra, adjudicada a la empresa Construcciones Viales S.A. (Convisa), tenía un costo total de 73,2 millones de bolivianos. Según los términos del contrato, la entrega del puente estaba programada para el 25 de diciembre de 2020, pero se otorgaron varias prórrogas que finalmente llevaron a una fecha de entrega que se extendió hasta el 4 de agosto de 2021, la cual tampoco se cumplió.
A lo largo del proceso, se aplicaron múltiples modificaciones al contrato original, aumentando el plazo de entrega en varias ocasiones. A pesar de estas extensiones, el puente no fue completado a tiempo, lo que llevó al alcalde actual, Jhonny Torres, a rescindir el contrato con Convisa el 12 de agosto de 2022, debido a incumplimientos.
El exgobernador Oscar Montes, quien fue aliado de Paz, ha señalado que con el presupuesto destinado al puente 4 de Julio se podrían haber construido hasta tres puentes adicionales de características similares.
Como parte de las acciones cautelares, la fiscalía ha solicitado la anotación preventiva de los bienes de los siete imputados. Se busca establecer una hipoteca legal sobre sus propiedades, argumentando que existen suficientes evidencias que los vinculan a las irregularidades investigadas, con el fin de garantizar la posible reparación de los daños ocasionados
