Dos personas vinculadas estrechamente a las investigaciones del caso conocido como ‘narcomaletas’ se encuentran con orden de detención en la cárcel de Palmasola, junto a un guardia de una empresa de seguridad implicada en actividades relacionadas con el narcotráfico.
La exdiputada Laura Rojas Ayala fue enviada a detención preventiva por un período de 180 días en Palmasola, tras una audiencia virtual en la que la Fiscalía la imputó por tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa. Debido a problemas de salud, Rojas participó en la audiencia desde la clínica Foianini, donde permanece bajo custodia policial.
Las autoridades basaron la imputación en los vínculos de la exparlamentaria con el juez Hebert Zeballos, quien también está detenido en Palmasola por cargos similares. Según las investigaciones, Rojas habría viajado a Estados Unidos, donde contrató un avión privado y, acompañada por un ciudadano uruguayo y dos familiares, trasladó 32 maletas cargadas con dólares hasta Santa Cruz.
La Fiscalía presentó informes que indican que la exdiputada utilizó un pasaporte diplomático vencido para evadir controles en el aeropuerto de Viru Viru. Las maletas fueron retiradas de la terminal aérea y escoltadas por motocicletas hasta galpones pertenecientes a la Empresa Boliviana de Seguridad (Ebose), ubicada en la avenida Tres Pasos al Frente.
Durante un allanamiento a las instalaciones de Ebose, realizado en el marco de una investigación por tráfico de armas de guerra, agentes del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) encontraron casi 80 kilos de marihuana. Además, se descubrieron documentos que vinculan al juez Zeballos como uno de los principales inversores en la empresa, así como su relación con Laura Rojas.
Pese a la orden de detención en prisión, Laura Rojas continúa internada en la clínica Foianini. La Fiscalía confirmó que fue evaluada por médicos forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) para determinar su estado de salud. Se esperan dos certificaciones médicas para definir su situación, mientras tanto permanecerá bajo atención médica.
Las pesquisas se ampliaron y revelaron que varios funcionarios judiciales figuraban como inversores en la empresa de seguridad, desempeñando roles como ‘palos blancos’. Hasta el momento, cuatro personas más, entre funcionarios judiciales y un representante legal de Ebose, han sido detenidas y serán imputadas ante la justicia.
En cuanto al juez Hebert Zeballos, el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, confirmó que el magistrado enfrenta 17 procesos disciplinarios y judiciales, que lo colocan al borde de la destitución definitiva. El Consejo se ha adherido a la Fiscalía en el proceso por narcotráfico en contra de Zeballos, subrayando que sus acciones han perjudicado gravemente la imagen del sistema judicial.
Spencer detalló que de los 17 procesos, 15 corresponden a faltas graves y dos a faltas gravísimas, con un tercer procedimiento en curso que podría culminar en la destitución. Además, se recuperaron al menos 10 expedientes de casos serios que Zeballos no atendió, dejando a los litigantes en situación de indefensión.
Entre los procesos en curso, se encuentra una investigación por prevaricato iniciada por la Fiscalía, relacionada con un caso en el que Zeballos habría favorecido a un acusado de abuso sexual infantil. También hay otros expedientes donde el juez mostró severidad excesiva hacia madres de víctimas de abuso sexual.
Hasta que se complete el proceso de destitución, el Consejo de la Magistratura solicitó al Tribunal Departamental de Justicia la suspensión inmediata de Zeballos. Mientras tanto, un juez suplente ha asumido la atención de los casos en el juzgado donde él ejercía funciones
