El Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de su Sala Penal Cuarta, ha confirmado la sentencia de tres años de prisión dictada contra Mauricio Méndez Roca, quien fuera presidente de la extinta Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Este veredicto se enmarca en la causa por la apropiación indebida de los terrenos del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Vinto, propiedad de la Federación Boliviana de Fútbol.
La resolución judicial establece que Méndez, junto con otros exdirectivos, habría recurrido a un procedimiento de reforma agraria para adjudicarse de forma ilícita estas instalaciones, concebidas originalmente para el fomento del balompié nacional. Esta determinación judicial pone fin a un extenso litigio que se prolongó por más de una década, marcando uno de los episodios más lamentables en la trayectoria dirigencial del fútbol boliviano. A pesar de haber recibido un perdón judicial en condenas previas relacionadas con su gestión en la Liga, esta nueva sentencia podría significar su ingreso efectivo a un centro penitenciario en Cochabamba, conforme a la evaluación de la autoridad judicial competente.
En un desarrollo paralelo, la Federación Boliviana de Fútbol, bajo la dirección de su presidente Fernando Costa, presentó un retiro formal de toda acción penal contra Walter Castedo Rivero, también expresidente federativo. Esta decisión fue aprobada por el Comité Ejecutivo de la FBF el 30 de julio, invocando motivos humanitarios, dado que Castedo enfrenta una enfermedad oncológica.
El documento oficial, identificado con el NUREJ 201116596, certifica que la institución rectora del fútbol nacional desiste de la persecución penal contra Castedo, solicitando la aceptación de esta determinación por parte del Tribunal. Con ello, su participación en el caso concluye, mientras el proceso judicial prosigue para los demás implicados.
Mientras tanto, el CAR de Vinto, un complejo destinado a ser un pilar para el desarrollo deportivo de la selección nacional, permanece en un estado de abandono tras veinticinco años de disputas legales y promesas incumplidas. A pesar de que su construcción fue finalizada, las controversias judiciales han impedido su inauguración y puesta en funcionamiento, erigiéndose como un símbolo elocuente del estancamiento institucional que ha afectado al fútbol boliviano