La exgerente de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, ha tomado acciones legales formales para defenderse ante lo que considera una vulneración de sus derechos constitucionales por parte del Viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos. A través de su abogado, Serrudo presentó un memorial ante la Defensoría del Pueblo denunciando al viceministro, argumentando que este funcionario está utilizando su cargo para difundir acusaciones que afectan gravemente su imagen y honor.
Según la representación legal de Serrudo, el viceministro ha emitido declaraciones públicas en diversos medios de comunicación en las que la señala como responsable de actos ilícitos relacionados con corrupción y sobreprecios durante su gestión al frente de la Aduana. Estas imputaciones no solo aluden a supuestos manejos irregulares en contratos públicos, sino que incluso incluyen referencias a situaciones vinculadas a su familia, lo cual agrava aún más la afectación a sus derechos personales y constitucionales.
El abogado defensor subraya que este tipo de acusaciones no deberían ser difundidas anticipadamente sin que exista un proceso judicial formal que determine responsabilidades. La Constitución establece claramente que las autoridades del Estado deben respetar los derechos fundamentales de todas las personas y garantizar el debido proceso legal. En este sentido, cualquier sospecha o denuncia debe ser canalizada a través de la Fiscalía para que se realicen las investigaciones pertinentes antes de emitir juicios públicos.
Además, se cuestiona la competencia del viceministro para hacer señalamientos relacionados con presuntos sobreprecios en obras públicas, ya que esta función correspondería a organismos especializados como la Contraloría General del Estado. La denuncia plantea incluso la posibilidad de que el viceministro esté incurriendo en usurpación de funciones al actuar fuera del ámbito establecido para su cargo.
En este contexto, se destaca que las investigaciones sobre supuestos sobreprecios por cerca de nueve millones de bolivianos en el edificio de la Aduana recién están comenzando y no cuentan aún con pruebas concluyentes. La difusión prematura y pública de estas acusaciones puede generar un daño irreparable en la reputación y carrera profesional de Serrudo antes siquiera de haberse agotado los procesos legales correspondientes.
La situación refleja un conflicto entre autoridades públicas que pone en tensión principios fundamentales como la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos dentro del ejercicio gubernamental. Para la ciudadanía resulta relevante conocer cómo se manejan estos casos donde se involucran funcionarios públicos y exfuncionarios en denuncias por corrupción, dado el impacto que tienen estas situaciones en la confianza hacia las instituciones estatales y en el correcto funcionamiento del sistema judicial.
El procedimiento iniciado ante la Defensoría del Pueblo busca precisamente garantizar que se respeten los derechos constitucionales de Karina Serrudo durante todo el proceso investigativo y evitar prácticas indebidas por parte de funcionarios públicos que podrían vulnerar garantías fundamentales. Al mismo tiempo, existe una denuncia paralela presentada ante la Fiscalía contra el viceministro Virginio Lema, lo cual indica un enfrentamiento judicial en distintas instancias para esclarecer responsabilidades.
En definitiva, este caso pone sobre la mesa temas sensibles relacionados con el manejo político y legal de las denuncias por corrupción dentro del Estado, así como la importancia del respeto al debido proceso y a los derechos humanos incluso cuando existen sospechas fundadas sobre irregularidades administrativas. La evolución y resolución definitiva del conflicto tendrán implicaciones significativas tanto para los involucrados como para los mecanismos institucionales encargados de supervisar y sancionar posibles conductas irregulares en el sector público
