El exjuez Marcelo Lea Plaza fue encontrado sin vida este domingo en su residencia, donde cumplía detención domiciliaria en el marco del denominado caso Consorcio. Su representante legal, Suleika Lanza, confirmó el deceso y señaló que el exmagistrado había expresado su intención de ampliar su declaración en relación con hechos que involucraban al exministro César Siles.
La abogada Lanza informó que se dirigía a la morgue para los procedimientos forenses correspondientes, enfatizando la preocupación de la familia y su solicitud de que la noticia sea tratada con el máximo respeto. Se esperaba que Lea Plaza aportara información detallada en su declaración ampliada, la cual se proyectaba que vinculara a diversas personalidades, incluyendo a la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro, al exministro Siles, y a otros funcionarios del ámbito judicial.
A estas figuras se les atribuía haber ejercido presión sobre Lea Plaza, quien entonces fungía como juez en el municipio de Coroico, para que emitiera una resolución destinada a la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira. La remoción de Coaquira se vinculaba a cuestionamientos sobre una presunta alteración en su historial académico, específicamente en su experiencia como docente de la Universidad Bolivariana. El exjuez se encontraba próximo a formalizar esta declaración con nuevos elementos sobre las supuestas presiones recibidas de sus superiores para dictar dicho fallo.
En julio del presente año, tras su aprehensión por una sentencia calificada como prevaricadora, Lea Plaza hizo público un registro de audio. En este material, una voz, presuntamente del entonces ministro de Justicia, le ofrecía garantías de protección y mencionaba que otras autoridades judiciales, como el magistrado suplente Iván Campero y el expresidente del TDJ Yván Córdova, formaban parte de una coordinación.
A raíz de este caso, el Consejo de la Magistratura procedió a la destitución de Lea Plaza, quien posteriormente cumplió una detención preventiva de varios meses en el centro penitenciario de San Pedro. Durante ese período, su defensa denunció que el exjuez había sufrido agresiones físicas y otros tratos vejatorios por parte de funcionarios de Régimen Penitenciario, con el aparente objetivo de disuadirlo de continuar con nuevas revelaciones. La abogada también indicó que su cliente había experimentado alteraciones notables en su conducta tras las agresiones y las amenazas que, según su testimonio, también se extendieron a su familia
