Durante el desarrollo del juicio contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por el caso conocido como Samantha, la exautoridad reconoció en audiencia que se cometió un error al identificar públicamente a una mujer como la presunta secuestradora de una bebé en 2020.
Murillo admitió que hubo una confusión al señalar a la señora Lourdes Pacheco como responsable del rapto de la menor, indicando que se agotaron todos los recursos legales y que se trató de un error en la presentación de los hechos.
El abogado de Lourdes Pacheco, Frank Campero, explicó que el proceso contra Murillo se inició por delitos de calumnias e injurias. Asimismo, señaló que durante la apertura del juicio el exministro reconoció su equivocación, lo que ha ocasionado daños a la imagen de su representada.
Campero añadió que en el ámbito civil se solicitará una indemnización de 100.000 dólares por el perjuicio sufrido debido a la difusión errónea de la acusación. En 2020, Murillo compartió en sus redes sociales la fotografía de la mujer, lo que provocó que la imagen se viralizara y afectara gravemente su reputación.
Este caso ha generado un importante debate sobre la responsabilidad en la difusión de información y la protección de la imagen de las personas involucradas en procesos judiciales
