Un reciente análisis realizado por el experto en política Ricardo Fuentes ha generado un debate en torno a una encuesta impulsada por el empresario Marcelo Claure. Fuentes cuestiona la legitimidad de este estudio, sugiriendo que podría estar motivado por intereses económicos que eclipsan las necesidades colectivas.
El analista subraya que las encuestas, debido a su capacidad de influir en el electorado, están sujetas a regulaciones establecidas por el Órgano Electoral Plurinacional. Estas normativas exigen que, una vez convocadas las elecciones, las empresas encargadas de realizar encuestas presenten documentación técnica que respalde sus resultados. Sin embargo, Fuentes argumenta que la encuesta de Claure no se ajusta a estas exigencias, dado que fue llevada a cabo antes de que se iniciara el periodo regulatorio.
Fuentes manifiesta su inquietud respecto a cómo tales acciones pueden distorsionar la percepción pública y dirigir el voto hacia fines particulares. Según su análisis, hay una clara intención de manipular la opinión de los votantes, lo que refleja que, en ocasiones, los empresarios priorizan sus propios intereses económicos sobre el bienestar general.
Además, el experto menciona que Claure ha estado involucrado en sectores clave de la economía boliviana, como el litio y el cobre, tras adquirir una participación significativa en una de las empresas más reconocidas en ingeniería de proyectos mineros. Esta situación plantea interrogantes sobre la imparcialidad de sus acciones en el ámbito político.
Fuentes advierte que cuando se entrelazan los intereses empresariales con la actividad política, se produce una desconexión entre lo que es beneficioso para el público y lo que favorece a intereses individuales. Esta falta de claridad es especialmente preocupante en un contexto donde Bolivia se enfrenta a decisiones cruciales sobre la explotación de sus recursos naturales.
Finalmente, el analista concluye que, dado el papel fundamental que desempeñan las encuestas en el discurso político, es esencial que su uso se regule de manera estricta para prevenir la desinformación y la manipulación. Hace un llamado a las autoridades para que mantengan una supervisión rigurosa sobre la creación y difusión de estos estudios, sobre todo en períodos previos a las elecciones
