Con el voto unánime de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacioal (TCP) se decidió declarar inconstitucionales el reglamento de preselección de los candidatos a magistrados y la denominada ‘ley corta’ que había promulgado el Gobierno. Las normas habían sido impugnadas y ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional debe elaborar una nueva ley y aprobarla por dos tercios de los presentes para cumplir con la Constitución. Esta ley debe garantizar la posesión de nuevas autoridades judiciales el 1 de enero de 2024.
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