La entidad rectora del fútbol global ha precisado que la comunicación oficial, dirigida tanto al club Jorge Wilstermann como al futbolista brasileño Gustavo Alexandre Barbosa do Nascimento, conocido deportivamente como “Gustavinho”, fue efectuada directamente el 18 de febrero de 2025. Esta aclaración desmiente las afirmaciones previas de la dirigencia del club, que habían atribuido a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) supuestas deficiencias en el proceso.
El origen de esta controversia se remonta a septiembre de 2023, cuando el órgano de resolución de disputas del fútbol internacional dictaminó que Wilstermann debía abonar la suma de 40.190 dólares a Gustavinho, a raíz de una terminación contractual sin justa causa. Adicionalmente, se impuso al club una prohibición para registrar nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como internacional, durante dos periodos consecutivos de inscripción.
Posteriormente, en diciembre de 2024, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) concedió una medida cautelar que suspendió de manera transitoria la sanción. Sin embargo, el 10 de febrero de 2025, el TAS ratificó íntegramente la decisión inicial del órgano de resolución de disputas, consolidando la restricción para incorporar refuerzos.
Según la información proporcionada, la institución cochabambina aún no ha acatado la medida en los términos fijados, lo que implica que la sanción debe aplicarse en su totalidad. Esto significa que Wilstermann solo podrá habilitar nuevos futbolistas una vez que haya cumplido por completo con la penalización impuesta.
Asimismo, se ha especificado que esta sanción se circunscribe exclusivamente al expediente de Gustavinho y no guarda relación ni interfiere con otros procesos o posibles sanciones que pudieran estar en curso contra la entidad deportiva.
Finalmente, la autoridad del fútbol reiteró el compromiso con los valores fundamentales del deporte, subrayando que el fútbol debe ser un ámbito de respeto, inclusión y paz. En este contexto, lamentó profundamente los incidentes de violencia que derivaron en ataques a las oficinas de la FBF, enfatizando que el deporte no debe ser instrumentalizado como plataforma para el odio o la agresión
