El plazo para que las organizaciones involucradas en la gestión ambiental, que trabajaron en la atención a los incendios forestales, se registren y participen en una reunión con la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) finalizó el 27 de noviembre. La reunión está programada para este martes en Santa Cruz de la Sierra, donde se enviarán detalles específicos sobre la hora y el lugar a los inscritos a través de correo electrónico. Aquellos que deseen compartir información relevante antes de la visita también pueden hacerlo a través de un correo electrónico proporcionado por la entidad multilateral.
La misión, que comenzó el lunes en La Paz, concluirá este martes en la sede gubernamental antes de que el Relator Especial, Javier Palummo, y su equipo se desplacen a Santa Cruz. El propósito de esta visita es analizar los efectos de los incendios en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades locales, así como de los pueblos indígenas y otros grupos afectados, además de evaluar el impacto en la biodiversidad y los ecosistemas.
Se planea que la misión no solo se limite a La Paz y Santa Cruz, sino que también incluya otras regiones que sufrieron las consecuencias de los incendios. Un caso notable es el de la comunidad indígena Nueva Esperanza, que fue devastada el 4 de octubre, con 22 de sus 27 viviendas reducidas a cenizas, lo que llevó al Gobierno a comprometerse a su reconstrucción.
Adicionalmente, la misión internacional buscará formular recomendaciones que fortalezcan las políticas de prevención y respuesta ante desastres ambientales en el contexto de la crisis climática actual.
El secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, destacó que se está avanzando en la creación de un marco legal que contemple penas de prisión de entre siete y diez años para quienes provoquen incendios forestales. Sin embargo, subrayó la importancia de identificar con precisión a los responsables, lo que requiere mejorar la metodología, el equipamiento y la capacitación del personal para llevar a cabo investigaciones forenses efectivas.
Un informe oficial del Gobierno, publicado el 13 de octubre, reconoció que los incendios forestales habían arrasado 9,8 millones de hectáreas, principalmente en el departamento de Santa Cruz. No obstante, la Fundación Tierra, una organización no gubernamental, presentó un informe que eleva esta cifra a 14 millones de hectáreas afectadas
