La estabilidad financiera del gobierno departamental de Tarija atraviesa un período crítico, marcado por una drástica disminución en los ingresos presupuestados que amenaza la continuidad de programas sociales esenciales. La situación económica se deteriora mes a mes, generando una creciente preocupación entre las autoridades.
Durante el pasado mes de julio, la administración departamental registró una percepción de aproximadamente 18 millones de bolivianos. Esta cifra representa un descenso de 5 millones de bolivianos en comparación con el mes de junio, lo que complica significativamente la distribución de recursos para cumplir con las obligaciones institucionales.
La actual disponibilidad de fondos impone severas restricciones en la gestión de gastos fundamentales. Más del 51% de los recursos recibidos, equivalentes a 9 millones de bolivianos, se destinan al pago de la deuda bancaria. Adicionalmente, se requieren alrededor de 6 millones de bolivianos para cubrir sueldos y salarios, y cerca de 9 millones de bolivianos para gastos operativos mínimos. Este escenario deja apenas un millón de bolivianos disponibles para programas sociales, evidenciando un considerable desfase entre los ingresos y las necesidades de gasto.
Ante este panorama, se anticipa la necesidad de implementar nuevos ajustes presupuestarios, los cuales inevitablemente impactarán los programas sociales. La merma en los ingresos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) obliga al gobierno departamental a reducir drásticamente su presupuesto y adaptarse a una realidad económica más austera. La imposibilidad de mantener los programas sociales no es una cuestión de voluntad, sino una consecuencia directa de la escasez de fondos. A modo de ejemplo, las dos primeras entregas de la canasta alimentaria para el adulto mayor supusieron un costo de 10 millones de bolivianos, una cifra que excede con creces la actual capacidad de financiación para tales iniciativas.
Las proyecciones indican una tendencia a la baja en los ingresos, estimándose que para diciembre la percepción podría rondar los 13 millones de bolivianos. Esta perspectiva genera inquietud sobre la viabilidad a largo plazo de cualquier programa social departamental, sugiriendo que su cumplimiento podría volverse inviable. La persistente presión financiera incluso plantea interrogantes sobre el futuro modelo operativo de la institución, incluyendo la posibilidad de una mayor coordinación con el gobierno central o la espera de acciones por parte de una futura administración.
Desde principios de año, el gobierno departamental ha implementado diversas medidas de ajuste en sus gastos de funcionamiento. Entre estas acciones se incluyen el despido de más de 140 trabajadores y la reducción de gastos administrativos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos significativos, las medidas adoptadas no han sido suficientes para contrarrestar la magnitud del déficit financiero.
Un área de particular preocupación es la financiación del personal de salud. Los ítems de la gobernación para este sector implican un gasto mensual aproximado de 2 millones de bolivianos. No obstante, la institución carece de los recursos necesarios de manera recurrente para cumplir con estos pagos salariales cruciales
