El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, se refirió a la detención del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicando que será presentado ante un juez para que se determine su situación legal, garantizando que el proceso se llevará a cabo conforme a los procedimientos establecidos y respetando la Constitución Política del Estado.
Mariaca destacó que la actuación se realizará respetando el marco legal vigente, incluyendo el Código de Procedimiento Penal, y tomando en cuenta los antecedentes y evidencias que la Policía Boliviana haya incorporado al Cuaderno de Investigación. Asimismo, subrayó que el Ministerio Público actuará con independencia en este caso.
El fiscal explicó que el representante asignado al caso resolverá la situación jurídica de Del Castillo en un plazo máximo de 24 horas, conforme a lo estipulado por la ley. La detención se produjo en horas de la madrugada, cuando el exministro intentaba abordar un vuelo con destino a Chile. Durante el control, Del Castillo se negó a que se inspeccionaran sus pertenencias, lo que motivó su aprehensión y traslado a la celda de la FELCC en Santa Cruz, junto a su cuñado identificado como Abad A.L.
Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que se están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto para respaldar una posible imputación contra el exfuncionario, quien también fue excandidato presidencial. Zeballos detalló que Del Castillo se negó a la revisión de sus equipajes mientras se preparaba para viajar a Santiago de Chile acompañado de otras cuatro personas, entre ellas una menor de edad. Ante esta situación, se inició una investigación de oficio y se procedió a la aprehensión.
El fiscal añadió que se evaluará objetivamente si existen elementos suficientes para formular una imputación formal, y que se espera la intervención del fiscal a cargo del caso, Luis Alba.
Finalmente, Mariaca puntualizó que, hasta el momento de la detención, no existía ninguna denuncia en contra de Eduardo del Castillo, enfatizando que la aprehensión se realiza en el marco del respeto a la legalidad y los derechos constitucionales
