El proceso judicial que enfrenta Marco Núñez del Arco, un pastor cristiano de reconocida trayectoria, ha puesto en el centro del debate la relación de poder y la investidura religiosa que, según las denuncias, fueron utilizadas para perpetrar abusos contra varias mujeres jóvenes. El caso ha tomado gran relevancia debido a la naturaleza de los hechos y al perfil público del acusado, quien fue enviado al penal de Palmasola con una detención preventiva de 180 días mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
Las acusaciones que pesan sobre Núñez del Arco son graves: estupro agravado y violencia familiar o doméstica. La Fiscalía sostiene que el pastor habría aprovechado su posición de autoridad y su cercanía con las familias para manipular emocionalmente y someter sexualmente a al menos dos jóvenes cuando aún eran menores de edad, un hecho especialmente delicado dado que en Bolivia la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. La utilización del rol pastoral como instrumento para ejercer control y abuso representa un agravante significativo en este proceso.
La audiencia cautelar, realizada bajo reserva para proteger la identidad e integridad de las víctimas, reveló antecedentes preocupantes. Según el Ministerio Público, la relación entre el imputado y una de las denunciantes comenzó cuando esta tenía apenas 13 años. Durante ese período, el vínculo estuvo marcado por un patrón sistemático de control y silenciamiento, con presiones constantes para mantener en secreto los hechos bajo el argumento de preservar la fe cristiana y evitar escándalos que pudieran afectar a la comunidad religiosa donde Núñez del Arco tenía especial influencia, particularmente entre los jóvenes.
La Fiscalía especializada en Razón de Género, Violencia Sexual, Trata y Tráfico presentó un conjunto sólido de indicios que incluyen testimonios, documentos y peritajes. Estos elementos apuntan a una conducta reiterada por parte del pastor. Se detalló cómo éste habría aprovechado visitas familiares y actividades propias de su labor religiosa para generar confianza en las víctimas, establecer una dependencia emocional y finalmente concretar los abusos. Entre las acciones investigadas también figuran traslados a alojamientos particulares y el presunto uso de identidades falsas para evitar registros formales que pudieran evidenciar estos hechos.
A estas denuncias se suma la declaración de una segunda joven que aseguró haber iniciado una relación con Núñez del Arco a los 16 años. Esta relación habría persistido durante casi una década bajo condiciones similares: manipulación espiritual, presiones emocionales constantes y promesas sobre un futuro en común. La Fiscalía considera que ambos relatos presentan coincidencias significativas que refuerzan la hipótesis de una conducta sistemática sostenida en el tiempo.
El testimonio adicional de otra denunciantes aporta nuevos elementos coincidentes respecto al acercamiento inicial del pastor y la forma en que establecía relaciones basadas en dependencia emocional dentro del marco religioso. Estos aspectos fueron fundamentales para que la autoridad judicial sostuviera la existencia de un patrón reiterado de abuso y decidiera imponer la medida cautelar más severa disponible.
Durante la audiencia cautelar, la defensa intentó impugnar tanto la tipificación penal como solicitar medidas sustitutivas a la detención preventiva. También plantearon incidentes relacionados con prescripciones legales argumentando que se estaría aplicando normativas posteriores a los hechos investigados. Sin embargo, estos recursos fueron rechazados por considerar el juez la gravedad del caso, el riesgo potencial de obstaculización del proceso penal y especialmente por la vulnerabilidad demostrada por las víctimas. Además, se establecieron medidas adicionales para proteger no solo a las denunciantes sino también a sus entornos familiares.
El abogado defensor Víctor Cartagena manifestó su desacuerdo con esta resolución judicial e informó sobre próximos recursos de apelación. Su argumento central se basa en una supuesta aplicación indebida retroactiva del derecho penal desfavorable al imputado, señalando que debería haberse aplicado estrictamente la normativa vigente en el momento en que ocurrieron los hechos denunciados.
Paralelamente, organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que podría haber más víctimas involucradas. Se informó sobre la posible formalización próxima de una tercera denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv). Estas entidades recordaron además que los delitos sexuales contra menores no prescriben jurídicamente y enfatizaron que ninguna condición religiosa puede otorgar privilegios o eximir responsabilidades legales.
En medio del desarrollo judicial, también han surgido manifestaciones públicas desde el entorno cercano al acusado. La esposa del pastor peruano ha expresado su apoyo incondicional hacia él mediante redes sociales, rechazando categóricamente las sugerencias públicas sobre un posible divorcio. En sus declaraciones argumenta que las denuncias son parte de “guiones escritos” con intención maliciosa para dañar su imagen pública dentro del ámbito religioso.
Este caso no solo pone en evidencia denuncias graves contra un líder espiritual sino también cuestiona cómo ciertas estructuras religiosas pueden ser utilizadas para ejercer control indebido sobre personas vulnerables. La investigación sigue abierta mientras se espera esclarecer todos los hechos denunciados y garantizar justicia para todas las víctimas involucradas en este proceso penal complejo y delicado
