Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora, se encuentra en el centro de una controversia legal luego de que la Justicia ordenara su detención preventiva por un periodo de 140 días. La audiencia cautelar, que comenzó alrededor de las 15:00 horas del viernes, se extendió durante casi cuatro horas antes de que se tomara la decisión de trasladarlo al penal de Palmasola, donde permanecerá mientras avanza la investigación en su contra.
Antes de su ingreso a la audiencia, Arce Mosqueira ofreció una breve declaración a los medios de comunicación, en la que calificó el proceso judicial como un ataque político. Esta declaración refleja la postura de Arce, quien sostiene que las acusaciones en su contra son infundadas y motivadas por razones ajenas a los hechos.
La situación ha generado una reacción inmediata por parte de su abogado, quien anunció la intención de apelar la decisión judicial. Este representante legal argumentó que la Fiscalía no ha presentado pruebas suficientes que sustenten las acusaciones formuladas contra el hijo del exmandatario. A pesar de estas afirmaciones, desde la Fiscalía han manifestado que tanto Marcelo Arce como su padre y otros dos hijos del expresidente están siendo investigados por presuntos delitos relacionados con corrupción.
En el contexto de esta investigación, uno de los fiscales involucrados ha señalado que se están analizando las acciones del núcleo familiar en relación con sus funciones públicas. Según las declaraciones oficiales, se les acusa de haber utilizado recursos económicos para adquirir bienes en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Además, se mencionan movimientos financieros sospechosos dentro del sistema bancario.
Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, se ha decidido llevar a cabo una auditoría tanto financiera como jurídica. Este proceso busca establecer con claridad los posibles actos corruptos y sentar las bases para concluir la investigación dentro de un plazo estimado de seis meses. La situación sigue siendo objeto de atención mediática y pública, dada la relevancia política y social del caso.
