La reciente aprehensión de Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del expresidente Luis Arce, ha suscitado un amplio espectro de reacciones en el ámbito político boliviano, revelando tensiones y acusaciones que se remontan a años atrás. Arce Mosqueira enfrenta serias acusaciones de legitimación de ganancias ilícitas, lo que ha desatado un torrente de críticas hacia la familia del exmandatario.
Héctor Arce, exdiputado del Movimiento al Socialismo (MAS), no escatimó en sus declaraciones al señalar que los hijos de Luis Arce han manejado las instituciones del país como si fueran propiedades privadas. Según él, Marcelo Arce tenía un control absoluto sobre empresas estratégicas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Por su parte, Rafael Ernesto Arce, el segundo hijo, habría dominado entidades como la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). La situación se torna aún más alarmante cuando se menciona que Daniela Camila, la hija menor, obtuvo un crédito significativo a una edad muy temprana.
El senador José Manuel Ormachea, perteneciente a la agrupación política Libre, enfatizó que Marcelo Arce actuaba con una autoridad casi feudal dentro de YPFB, sugiriendo que su influencia superaba incluso la del entonces presidente de la empresa estatal, Armin Dorgathen, quien ahora se encuentra en paradero desconocido. Ormachea hizo hincapié en que las irregularidades en las que está involucrada la familia Arce requieren una investigación exhaustiva.
Desde su perspectiva como exministro de Defensa durante el gobierno de Evo Morales, Javier Zabaleta expresó su frustración por la tardanza en la acción judicial ante lo que él considera prácticas corruptas evidentes. Zabaleta recordó que desde 2022 ya existían denuncias contra los hijos de Luis Arce por su supuesta implicación en tráfico de influencias dentro de YPFB y otras instituciones estatales. Según sus palabras, ha pasado demasiado tiempo desde esas denuncias iniciales sin que se tomaran medidas adecuadas. “La justicia tardó cuatro años en darse cuenta”, se lamentó Zabaleta.
El exministro también criticó a las fuerzas policiales y fiscales por su aparente inacción durante años y por intentar presentarse ahora como héroes tras la detención de Marcelo Arce. La situación es aún más compleja debido a la fuga de dos hermanos del detenido, lo cual ha generado un ambiente de incredulidad sobre el funcionamiento del sistema judicial.
Finalmente, Héctor Arce instó a ampliar la investigación para incluir a otros actores políticos y judiciales. Exigió que se examine más allá del círculo familiar e involucre a exministros, exviceministros y directores generales que podrían estar implicados en este entramado. También pidió que jueces y fiscales sean investigados por su posible complicidad o inacción frente a las denuncias previas.
Este caso no solo pone bajo el microscopio las actividades empresariales de los hijos del expresidente Arce, sino que también plantea interrogantes más amplios sobre la transparencia y la rendición de cuentas dentro del gobierno boliviano. La atención pública está ahora centrada en cómo avanzará esta investigación y qué repercusiones tendrá en el panorama político nacional.
