En el municipio de Potosí se ha desatado una investigación penal que involucra a al menos seis concejales titulares, quienes están siendo indagados por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Este proceso judicial surge tras la supuesta anulación de una resolución municipal que había designado a Waldo Porcel como alcalde en reemplazo de Jhonny Llaly, quien renunció semanas atrás a su cargo. La situación ha generado un fuerte impacto en la administración local y ha paralizado las actividades del Concejo Municipal.
El fiscal Efraín Rocha confirmó que la causa penal se abrió inicialmente contra dos concejalas, Josefina Cruz Marca y Lesly Flores, y posteriormente se amplió la investigación para incluir a otros tres concejales: Jhonny Churata Montero, Alberto Pérez Tumuri y Erick Soraide. Además, se informó que un sexto concejal ya fue aprehendido en días anteriores, mientras que un concejal suplente también está bajo investigación, lo que eleva el número total de implicados a siete funcionarios ediles. Esta medida refleja la gravedad con la que las autoridades judiciales están abordando el caso.
Los concejales involucrados permanecen en calidad de aprehendidos y deberán esperar la audiencia de medidas cautelares, instancia en la cual un juez determinará su situación jurídica definitiva. Según lo explicado por el fiscal Rocha, aunque no existe riesgo de fuga por parte de los investigados, se procedió a su aprehensión para garantizar el normal desarrollo del proceso penal y evitar posibles interferencias en la investigación. Esta acción pone de manifiesto la preocupación por preservar el orden institucional dentro del municipio.
El núcleo central del conflicto radica en que los concejales habrían actuado de manera coordinada para anular una resolución municipal clave, específicamente la Resolución Municipal 07/2025, que establecía oficialmente a Waldo Porcel como alcalde interino tras la renuncia de Llaly. La denuncia contra estos funcionarios motivó el inicio formal del proceso investigativo. Se ha revisado detalladamente quiénes participaron con su voto para aprobar dicha abrogación, confirmando una acción conjunta dentro del Concejo Municipal para revertir una designación que tenía validez legal.
Esta situación ha provocado un efecto inmediato en el funcionamiento institucional del Concejo Municipal de Potosí: debido a las aprehensiones ejecutadas durante esta semana, la sesión ordinaria programada tuvo que ser suspendida por falta de quórum. Esta interrupción refleja no solo el impacto directo sobre los implicados sino también sobre toda la gestión municipal, evidenciando una crisis política interna que podría afectar la estabilidad administrativa local.
La relevancia de esta investigación trasciende lo jurídico y afecta directamente al gobierno local y a los ciudadanos potosinos. La figura del alcalde es fundamental para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios públicos y la ejecución de políticas municipales; por ello, cualquier controversia o irregularidad en su designación puede generar incertidumbre y desconfianza en la población. El caso pone en evidencia tensiones políticas internas dentro del Concejo Municipal y plantea interrogantes sobre el respeto a los procedimientos legales establecidos para cambios administrativos.
En suma, este proceso penal contra varios concejales por presuntas resoluciones ilegales representa un episodio significativo dentro del ámbito político local en Potosí. La atención puesta sobre estas acciones resalta la importancia del cumplimiento estricto de las normas constitucionales y legales para mantener la legitimidad institucional. Mientras se espera el avance del proceso judicial y las decisiones judiciales correspondientes, los habitantes locales observan con interés cómo se resolverá esta crisis política que involucra directamente a sus representantes electos
