La noche del 8 de enero, alrededor de las 21:00 horas, la ciudad de Tarija fue escenario de un hecho violento que conmocionó a la población local. Mauricio Aramayo, exdirector del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en Tarija y cercano colaborador del presidente Rodrigo Paz, fue asesinado en plena vía pública. El crimen se produjo cuando Aramayo fue abordado por varios individuos que se desplazaban en motocicleta; uno de ellos sacó un arma y le disparó, causándole la muerte en el acto.
Este asesinato no solo representa una tragedia personal y familiar, sino que también pone en evidencia la compleja red de intereses ilegales que operan en la región. Según informó el fiscal departamental José Ernesto Mogro, las investigaciones preliminares han permitido identificar a cinco personas directamente vinculadas al homicidio, aunque se continúa trabajando para descubrir a otros posibles implicados. La Fiscalía ha desplegado un operativo exhaustivo que incluye once allanamientos entre Tarija y Yacuiba, donde se incautaron diversos elementos probatorios como teléfonos celulares, documentos y grabaciones que aportan información clave para esclarecer los hechos.
El autor intelectual del crimen ha sido identificado como Mijail R.H., conocido como ‘El Tuerto’, un boliviano residente en Yacuiba con una trayectoria dedicada al contrabando de granos. Este personaje habría contratado a un sicario proveniente de Uruguay para ejecutar el asesinato. El uruguayo, Marco A.C.E., llegó a Yacuiba específicamente para coordinar con ‘El Tuerto’ los detalles del crimen en un lugar relacionado con peleas ilegales de gallos. Tras perpetrar el asesinato, fue detenido mientras intentaba desplazarse entre Tarija y Yacuiba. Actualmente enfrenta un proceso judicial por su participación y ha solicitado acogerse a un procedimiento abreviado, aunque esta petición aún está siendo evaluada por las autoridades.
Además del autor intelectual y el sicario material, la Fiscalía ha identificado a otros cómplices dentro de esta red criminal. Carlos A.R.P. habría desempeñado funciones logísticas cruciales relacionadas con el traslado del sicario entre Yacuiba y Tarija, además de encargarse de otros aspectos relacionados con la movilidad necesaria para consumar el crimen. Por otro lado, José A.G.T., apodado “Gumito”, está acusado de organizar toda la logística operacional y fue quien condujo la motocicleta desde la cual se perpetró el asesinato. Mientras Carlos A.R.P. se encuentra detenido, “Gumito” continúa prófugo.
El móvil detrás del asesinato es especialmente grave dado su vínculo con actividades ilícitas relacionadas con el contrabando agropecuario. Según lo declarado por testigos y confirmado por las investigaciones fiscales, ‘El Tuerto’ intentó sobornar a Mauricio Aramayo con una suma millonaria — tres millones de bolivianos — para mantener su esquema ilegal de introducción no autorizada de granos como trigo y maíz al país mediante maniobras fraudulentas amparadas en permisos otorgados por Senasag. Este negocio ilegal llevaba años operando bajo diferentes gestiones anteriores a la administración encabezada por Aramayo.
La negativa rotunda del exdirector a aceptar el soborno ni siquiera después de recibir amenazas directas dentro de su oficina fue el detonante que llevó al contrabandista a ordenar su eliminación física. La Fiscalía enfatiza que este caso refleja un intento flagrante por preservar intereses criminales mediante métodos violentos contra funcionarios públicos comprometidos con la legalidad y control sanitario.
Las acciones emprendidas hasta ahora demuestran un esfuerzo coordinado para desarticular esta red criminal que pone en riesgo no solo la integridad física de personas clave sino también la seguridad alimentaria regional al permitir actividades ilícitas en el sector agropecuario. La investigación sigue abierta y no se descarta que surjan más implicados conforme avance la recolección de pruebas e interrogatorios.
Este caso resalta además los desafíos que enfrentan las instituciones públicas frente a redes organizadas dedicadas al contrabando y otras prácticas ilegales que afectan directamente la economía formal y ponen en peligro la salud pública mediante productos agropecuarios sin controles adecuados. La muerte violenta de Mauricio Aramayo es un recordatorio doloroso sobre los riesgos asumidos por quienes luchan contra estas mafias.
En definitiva, las autoridades judiciales han manifestado su compromiso absoluto para identificar plenamente a todos los responsables materiales e intelectuales detrás del asesinato y garantizar que se haga justicia conforme a derecho. La sociedad tarijeña observa atentamente cómo se desarrolla este proceso judicial que busca poner fin a este tipo de crímenes vinculados al narcotráfico agropecuario y fortalecer así el estado de derecho en la región
