La investigación sobre el desfalco al Fondo Indígena ha cobrado un nuevo impulso tanto en el ámbito judicial como en el político, evidenciando la complejidad y el alcance de uno de los casos más significativos de corrupción en la historia reciente del país. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó que los fiscales encargados del caso cuentan con la autoridad para convocar a declarar a exmiembros del directorio de la institución intervenida y clausurada en 2015, lo que abre la puerta a una posible ampliación de las pesquisas.
Esta convocatoria incluye a una amplia lista de exfuncionarios públicos y dirigentes sociales que fueron parte activa del organismo durante su funcionamiento. Entre ellos se encuentran exministros, exdirectores y líderes de organizaciones sociales que han sido señalados por expresidentes como Evo Morales y Luis Arce como actores clave en lo que se denominó el Pacto de Unidad y la Coordinadora Nacional del Cambio (Conalcam), grupos que mantuvieron una relación estrecha con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y participaron en la cogobernanza durante ese período. Este entramado político-social implica que la investigación no solo tiene un impacto jurídico, sino también político, al involucrar a figuras relevantes del entorno gubernamental y social.
En este contexto, la siguiente persona citada para declarar es Nemesia Achacollo Tola, quien fuera ministra de Desarrollo Rural y Tierras. Su declaración está prevista para una audiencia en calidad de sindicada, lo que indica que existe una sospecha formal sobre su participación en los hechos investigados. La Fiscalía la convoca específicamente para abordar su presunta implicación en un proyecto destinado al cultivo de tomates bajo carpas solares en ocho comunidades de la provincia Bautista Saavedra. Este caso ha generado especial atención debido a que ya mantiene detenidos preventivamente a Luis Arce –expresidente– y a Lidia Patty, exdiputada por el MAS, quienes están vinculados con irregularidades similares dentro del mismo esquema de desvío de recursos.
El fiscal general advirtió que las investigaciones podrían extenderse hacia otras personas si las declaraciones y peritajes arrojan indicios suficientes para implicarlas en los actos de corrupción relacionados con el Fondo Indígena. Esta posibilidad muestra cómo el proceso se encuentra aún abierto y sujeto a ampliaciones conforme avancen las diligencias. Además, subrayó que los fiscales tienen plena potestad para citar a cualquier persona como testigo e incluso ampliar las investigaciones si aparecen nuevos elementos probatorios.
Las imputaciones contra Arce y Patty se sostienen en argumentos presentados ante un juez para justificar su detención preventiva, principalmente con el objetivo de evitar que puedan influir sobre otros involucrados o interferir con las declaraciones testimoniales. Esta medida refleja la gravedad con la cual se aborda el caso desde las instancias judiciales, considerando además el impacto político derivado del perfil público de los sindicados.
En documentos oficiales relacionados al proceso se menciona una extensa lista de personas convocadas a declarar. Entre ellas figuran nombres como Julia Ramos, Diego Faldin, Sergio Hinojosa –que aparece mencionado dos veces– Herminia Colque, Luisa Villca, Jorge Quispe y otros representantes vinculados al directorio del Fondo Indígena o a organizaciones sociales ligadas al Pacto de Unidad. La amplitud de esta nómina evidencia la complejidad institucional detrás del manejo del fondo y su conexión con diferentes sectores políticos y sociales.
El marco normativo vigente durante ese período está definido por el Decreto Supremo 28571 emitido en 2005, cuya regulación establece que el directorio del Fondo Indígena debía estar integrado por los ministros responsables –de Desarrollo Rural y Tierras, así como Economía– además de representantes designados por organizaciones sociales aglutinadas en el Pacto de Unidad. Estas organizaciones tenían atribuciones concretas para aprobar o rechazar proyectos productivos financiados por el fondo mediante resoluciones explícitas. Por lo tanto, no solo existía un control ministerial sino también social sobre los recursos asignados.
La acusación principal contra los exmiembros del directorio se basa en un informe circunstanciado elaborado por la Contraloría General del Estado en 2015. Este documento señala como responsables directos del desfalco a quienes aprobaron proyectos sin justificar adecuadamente los montos asignados ni demostrar resultados concretos. Este informe fue clave para evidenciar irregularidades sistemáticas durante un periodo comprendido entre 2009 y 2015.
Entre las organizaciones sociales involucradas destacan entidades emblemáticas como la Confederación Nacional Bartolina Sisa (conocida como Bartolinas), cuyos miembros incluyen a Achacollo, Patty y Felipa Huanca –esta última también excandidata a gobernadora departamental– así como otras confederaciones campesinas e indígenas relevantes como Csutcb, Cscib, Cidob, Conamaq, APG y Cepes. Estas agrupaciones tuvieron representación directa dentro del directorio del Fondo Indígena y participaron activamente en las decisiones relacionadas con la asignación presupuestaria.
En relación directa con Nemesia Achacollo Tola, quien ahora es citada formalmente por la Fiscalía Especializada en Anticorrupción de La Paz, se ha advertido que su inasistencia podría derivar en una orden judicial para su aprehensión inmediata. Esto demuestra la seriedad con que se maneja esta fase procesal.
No obstante, el fiscal general aclaró que esta nueva citación no implica un doble juzgamiento automático para Achacollo; ella ya enfrenta un juicio por irregularidades detectadas en más de 150 proyectos observados por Contraloría. La diligencia actual responde a hechos o indicios específicos relacionados directamente con aquel proyecto investigado bajo sospechas similares a las imputadas al expresidente Arce. El proceso busca respetar principios legales fundamentales evitando vulnerar garantías procesales mientras se asegura avanzar hacia una resolución justa.
Esta situación pone nuevamente sobre el tapete uno de los casos emblemáticos vinculados al manejo irregular de fondos públicos destinados al desarrollo indígena rural. Las repercusiones políticas son evidentes dado que involucra no solo funcionarios gubernamentales sino también líderes sociales ligados históricamente al partido oficialista MAS mediante acuerdos estratégicos como el Pacto de Unidad. Por ello, este proceso judicial tiene gran relevancia para la población afectada directamente por estos recursos desviados así como para toda la sociedad interesada en fortalecer mecanismos transparentes y efectivos contra la corrupción pública.
La continuidad e intensificación de estas investigaciones pueden marcar un precedente importante respecto a cómo se abordan casos complejos donde convergen intereses políticos y sociales dentro del manejo presupuestario estatal destinado a sectores vulnerables e históricamente postergados. En definitiva, este proceso representa no solo una búsqueda judicial sino también una oportunidad para reflexionar sobre mecanismos institucionales más robustos frente al control democrático sobre fondos públicos esenciales para el desarrollo comunitario e indígena
