Diversos sectores campesinos han señalado a varios dirigentes por presuntas irregularidades en la gestión de recursos provenientes del gobierno de Luis Arce. Entre los mencionados figuran Herber Quispe, actual líder de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas, Andrés Meriles, exdirigente de la misma organización, y Julia Ramos, representante de las Bartolinas. Estas acusaciones surgen en el contexto de recientes denuncias de corrupción que involucran a figuras sindicales a nivel nacional.
Tomás Velásquez, dirigente campesino, expresó que es necesario abrir investigaciones para esclarecer la supuesta recepción de fondos gubernamentales por parte de estos líderes, quienes, según sus declaraciones, habrían contribuido a la división interna de la organización campesina. Velásquez mencionó que tras asumir su cargo, Quispe realizó un viaje a la sede de gobierno y poco después apareció con un vehículo nuevo, lo que ha generado sospechas sobre su posible implicación en actividades ilícitas relacionadas con el cobro de comisiones.
Asimismo, Velásquez solicitó que se investigue a Julia Ramos en relación con la propiedad de múltiples lotes de terreno en la ciudad, con el fin de determinar el origen de estos bienes. También recordó episodios en los que se intentó recuperar la sede de la Federación Sindical, hechos que culminaron con la intervención policial y que, según él, habrían sido orquestados por los dirigentes señalados.
En este marco, Velásquez hizo un llamado a renovar la dirigencia campesina mediante la convocatoria a un congreso que permita elegir un comité ejecutivo integrado por nuevas autoridades, con el propósito de fortalecer la organización y evitar que intereses personales perjudiquen su funcionamiento.
Por otra parte, Roberto León, representante de la Central Obrera Departamental, coincidió en la necesidad de profundizar las investigaciones sobre casos de corrupción que involucran no solo a exautoridades sino también a dirigentes sindicales. León enfatizó que estas denuncias afectan la imagen del sector obrero y demandó que se aplique la ley con rigor a quienes hayan incurrido en conductas indebidas. Además, indicó que la pesquisa debe abarcar tanto a los líderes principales como a los mandos intermedios y a quienes hayan participado en la supuesta red de cobros ilícitos
