La Fiscalía Departamental de La Paz decidió archivar la denuncia por terrorismo contra el exministro Juan Ramón Quintana, un caso que se había iniciado en octubre de 2024 tras la identificación del exfuncionario como presunto instigador de los bloqueos de caminos que se desarrollaron en el país para exigir la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial. La investigación se centró en los eventos violentos ocurridos durante esas protestas.
Según informó el fiscal a cargo, Omar Condori, la resolución que favorece a Quintana fue emitida por la gestión anterior en septiembre de 2025. Además, el fiscal confirmó que emitió una resolución de sobreseimiento para los dirigentes Ramiro Cucho, Ponciano Santos Colque y Humberto Claros, quienes también fueron implicados en los hechos de 2024 bajo la misma figura delictiva. Sin embargo, estos tres líderes sociales enfrentarán un juicio por instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, delitos vinculados a ataques contra efectivos policiales y ciudadanos durante las manifestaciones.
Los mencionados dirigentes, vinculados al movimiento que apoyaba a Morales, encabezaron las protestas tras un fallido operativo policial para capturar al exmandatario en octubre de 2024 en Villa Tunari, Cochabamba. Como respuesta, sus seguidores tomaron cuarteles, sometieron a oficiales y soldados, controlaron armamento y quemaron vehículos policiales utilizados en el operativo.
En la resolución emitida en noviembre de 2025, el Ministerio Público detalló que, tras analizar 24 días de bloqueos en la carretera a Parotani, se determinó que la conducta de los dirigentes se ajustaba a los delitos de instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, descartando la tipificación de terrorismo por falta de suficientes pruebas. La Fiscalía acumuló 97 indicios, incluyendo informes de la Unidad de Cibercrimen que evidencian declaraciones de los acusados que habrían intensificado la violencia.
Cabe destacar que Ponciano Santos Colque y Humberto Claros son exdirigentes de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, mientras que Ramiro Cucho fue líder del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo. Actualmente, Claros se encuentra bajo detención domiciliaria con derecho a salida laboral y aún no ha sido notificado oficialmente sobre el proceso.
Los bloqueos de 2024, que se extendieron por 40 días en total durante febrero y entre octubre y noviembre, causaron pérdidas económicas estimadas en aproximadamente 3.000 millones de dólares, según un informe del Ministerio de Economía. Estas protestas se desarrollaron en un contexto preelectoral, con la demanda principal de habilitar la candidatura presidencial de Evo Morales a pesar de fallos judiciales que lo impedían.
En cuanto a la figura delictiva de terrorismo, es importante recordar que tras los conflictos derivados de las elecciones de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó la eliminación de los delitos de sedición, financiamiento al terrorismo y terrorismo del Código Penal boliviano, debido a que su redacción no se ajustaba a los estándares internacionales. Aunque el expresidente Luis Arce presentó un proyecto de ley en ese sentido, este no prosperó; sin embargo, en 2022 el Tribunal Constitucional eliminó el delito de sedición.
Finalmente, se espera que la Fiscalía brinde una conferencia de prensa para aclarar la situación jurídica de Quintana, quien podría enfrentar nuevos procesos debido a que la denuncia inicial fue rechazada por un tecnicismo legal relacionado con la falta de notificación y declaración del exministro. Hasta el momento, no se registran apelaciones por parte de los organismos denunciantes, como los ministerios de Gobierno, Presidencia y Defensa, ni de la Procuraduría General del Estado
