Un entramado de influencias que involucra a altos funcionarios judiciales y políticos ha salido a la luz pública, revelando una compleja red de presiones, reuniones privadas y acuerdos no formales. Entre los implicados figuran un ministro, magistrados, vocales, jueces y fiscales, quienes habrían participado en maniobras para controlar espacios de poder dentro del sistema judicial.
El caso cobró notoriedad el 12 de junio de 2025, cuando se arrestó a un juez provincial acusado de intentar desestabilizar a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, las investigaciones y testimonios apuntan a que detrás de este episodio existe una lucha más amplia por el dominio en la administración de justicia, con vínculos que alcanzan niveles muy altos.
Los eventos se remontan a enero de ese mismo año, cuando Yvan Córdova asumió la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. Este nombramiento no fue un simple trámite institucional, sino que intensificó las tensiones entre el entonces ministro de Justicia, César Siles, y la magistrada del TSJ, Fanny Coaquira. Según declaraciones recogidas durante la investigación, la designación de Córdova generó un enfrentamiento directo entre estas dos figuras.
Claudia Castro, exvocal del TDJ y actualmente detenida, relató ante las autoridades que la información sobre la designación le fue comunicada por un tercero, quien le explicó que existió una confrontación entre el ministro Siles y la magistrada Coaquira respecto a la presidencia del tribunal.
La trayectoria de Yvan Córdova muestra una estrecha relación con el exministro Siles. En 2023, Córdova fue nombrado subprocurador de Supervisión e Intervención por el entonces procurador general, cargo que ocupaba Siles. Posteriormente, cuando Siles asumió la cartera de Justicia, Córdova fue designado vocal y finalmente, el 14 de enero de 2025, tomó posesión como presidente del TDJ, consolidando así su posición en la estructura judicial
