En el marco de la investigación que involucra al expresidente por el delito de trata de personas agravado, el hermano de la presunta víctima, Esteban V. P., ha declarado ante la Fiscalía Departamental de Tarija haber ejercido funciones consulares. Esta información se encuentra debidamente registrada en el expediente de la causa, iniciada a raíz de la acusación formal emitida por el Ministerio Público.
Según detalles proporcionados por el fiscal departamental, José Mogro, el pasado 21 de octubre se presentó una solicitud formal para la restitución de 80 mil bolivianos a favor de Esteban V. P. En su argumentación, el solicitante sostuvo que dicho monto correspondía a sus ahorros personales, acumulados durante el período en que se desempeñó como diplomático. Sin embargo, no se especificó la nación donde habría cumplido estas labores consulares.
Los fondos en cuestión fueron incautados por las fuerzas del orden durante los operativos de registro realizados en la vivienda donde residían la presunta víctima y su madre, Idelsa P., en la localidad de San José de Pocitos, situada en la zona fronteriza con Salvador Mazza, Argentina.
El fiscal Mogro confirmó que la petición de devolución fue desestimada por la autoridad judicial competente, por lo que el dinero continuará bajo resguardo judicial.
Asimismo, se informó que aún no se ha establecido una fecha concreta para el inicio del juicio penal contra el exmandatario y Idelsa P., ambos enfrentando la imputación formal dispuesta por el Ministerio Público de Tarija. Cabe destacar que tanto la madre como la hija gozan de estatus de refugiadas, concedido por la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE) de Argentina
