Las autoridades han iniciado una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Entre 2022 y 2025, se detectó que Flores acumuló 209.150 bolivianos en sus cuentas bancarias, provenientes de depósitos realizados por trece empleados de la entidad estatal.
La aprehensión de Flores se concretó el martes, tras ser localizado en la residencia de un familiar, gracias a la información proporcionada por las radiobases de telefonía móvil. Este proceso judicial no es el único que enfrenta el exgerente. También se le acusa de haber favorecido a un dirigente del sector panificador, Rubén Ríos, con un contrato irregular para la adquisición de harina. Adicionalmente, se investiga la compra de productos a uno de los hijos del presidente Luis Arce.
La investigación formal, impulsada por el Viceministerio de Transparencia el 1 de septiembre, se centra en las irregularidades observadas en la licitación, adjudicación y operación de la Planta Procesadora de Papa, inaugurada por el presidente Arce en El Alto el 6 de marzo de este año. Los antecedentes del caso indican que, desde la adjudicación del contrato de construcción en 2022 hasta la entrega de la obra, Franklin Flores y otros dos individuos habrían incumplido diversas normativas, incrementando su patrimonio de manera desproporcionada en relación con sus ingresos salariales, según revelan los extractos bancarios adjuntos a la causa.
Uno de los otros dos implicados, también aprehendido el martes, es Marvel Javier Vargas Ortiz, responsable del proceso de contratación. Vargas, quien previamente se desempeñó como gerente de Ecobol en 2015, registrando 38 depósitos irregulares, una decena de los cuales fueron efectuados por trabajadores de Emapa.
La segunda persona imputada es Daniela Arancibia Domínguez, quien fungía como fiscal de obras mayores de Emapa y estaba a cargo de la supervisión de la Planta Procesadora de Papa. Flores y Arancibia han sido imputados por conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito, mientras que Vargas enfrenta cargos únicamente por el último delito.
Las operaciones financieras bajo escrutinio, ejecutadas mayoritariamente durante la gestión 2022, involucran a servidores públicos de Emapa que mantenían una relación de dependencia laboral con el entonces gerente. Entre los trece funcionarios de Emapa que realizaron depósitos a las cuentas de Flores, se encuentran también los investigados Vargas y Víctor Alcalá. Asimismo, se han identificado otros depósitos bancarios de interés, realizados por Mabel Mamani, responsable de Recursos Humanos de Emapa.
Un análisis financiero ha puesto de manifiesto que, con un salario de 14.255 bolivianos, Flores acumulaba 929.635 bolivianos en sus cuentas. Si hubiera ahorrado la totalidad de sus salarios, su patrimonio ascendería a 687.730 bolivianos, dejando un monto de 241.905 bolivianos sin justificación. En el caso de Vargas, cuyo salario era de 10.936 bolivianos, se ha determinado que, aunque sus ahorros salariales completos sumarían 430.210 bolivianos, sus nueve cuentas bancarias registraban un total de 1.034.934 bolivianos. Vargas, además, posee una vivienda y cuatro vehículos a su nombre.
Un legislador de la oposición ha sugerido que Flores podría haber liderado una organización criminal dedicada a la extorsión de empresarios y funcionarios, por lo que ha anunciado la solicitud de una auditoría integral a toda la gestión. Otro diputado ha insistido en la necesidad de investigar a fondo las tres denuncias presentadas contra el exgerente de Emapa y su círculo, haciendo especial mención a las transacciones de maíz y trigo por más de 24 millones de bolivianos que habría realizado el hijo del presidente
