Las autoridades han puesto en marcha una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores. Se ha determinado que, entre 2022 y 2025, Flores acumuló en sus cuentas bancarias un total de 209.150 bolivianos, dinero que, según los indicios, provendría de aportes realizados por trece empleados de la entidad estatal.
Esta situación llevó a la aprehensión de Flores el pasado martes. Su ubicación, en la residencia de un familiar, fue determinada gracias a datos de radiobases de telefonía móvil. No obstante, las acusaciones contra el exfuncionario no se limitan a este caso. También enfrenta señalamientos por haber favorecido con un contrato irregular para la adquisición de harina a un líder del sector panificador, identificado como Rubén Ríos. Adicionalmente, se le imputa la compra de productos a uno de los hijos del presidente, Luis Arce.
La denuncia inicial, presentada por el Viceministerio de Transparencia el 1 de septiembre, detalla irregularidades en la licitación, adjudicación y operación de la Planta Procesadora de Papa, inaugurada por el presidente en El Alto el 6 de marzo de este año. Aunque la identidad de la empresa constructora no ha sido revelada, la investigación abarca el periodo desde la adjudicación del contrato en 2022 hasta la entrega de la obra. Durante este tiempo, se observa un incremento desproporcionado en el patrimonio de Franklin Flores y otros dos individuos procesados, en contraste con sus salarios declarados, según extractos bancarios analizados.
Junto a Flores, otras dos personas fueron aprehendidas el mismo martes. Uno de ellos es Marvel Javier Vargas Ortiz, quien fungía como responsable del proceso de contratación. Vargas Ortiz, quien previamente fue gerente de Ecobol en 2015 bajo el gobierno de Evo Morales, con el respaldo de los denominados Ponchos Rojos, también presenta un patrón de 38 depósitos irregulares en sus cuentas, de los cuales una decena provienen de trabajadores de Emapa.
La tercera implicada es Daniela Arancibia Domínguez, quien se desempeñaba como fiscal de obras mayores de Emapa, encargada de supervisar la Planta Procesadora de Papa. Flores y Arancibia han sido imputados por conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito, mientras que Vargas Ortiz enfrenta cargos únicamente por este último delito.
Los movimientos financieros de Flores han sido objeto de especial atención. Se ha identificado que la mayoría de las operaciones se realizaron en 2022 y fueron ejecutadas por servidores públicos de Emapa, lo que sugiere una relación de dependencia laboral con el entonces gerente. Entre los trece funcionarios de Emapa que realizaron depósitos en las cuentas de Flores, se encuentran también los investigados Vargas Ortiz y Víctor Alcalá, además de Mabel Mamani, responsable de Recursos Humanos de la entidad, quien también efectuó depósitos.
Un informe financiero revela que, si bien Flores posee dos vehículos y una vivienda, estos bienes no son parte de la investigación actual, ya que fueron adquiridos antes del periodo de los hechos relacionados con la procesadora de papa. Sin embargo, en lo que respecta a la acumulación de capital, se estima que Flores, con un salario mensual de 14.255 bolivianos, tenía en sus cuentas un total de 929.635 bolivianos. Si hubiera ahorrado la totalidad de sus salarios, solo habría podido acumular 687.730 bolivianos, dejando un monto de 241.905 bolivianos sin una explicación clara.
En el caso de Vargas Ortiz, con un salario de 10.936 bolivianos, se calcula que sus ahorros salariales completos ascenderían a 430.210 bolivianos. No obstante, los informes indican que en nueve cuentas bancarias a su nombre se hallaron 1.034.934 bolivianos. Además, Vargas Ortiz tiene registrados a su nombre una casa y cuatro vehículos.
El legislador Enrique Urquidi, de Comunidad Ciudadana, ha sugerido que Flores podría haber liderado una organización criminal dedicada a la extorsión de empresarios y funcionarios, y ha anunciado que solicitará una auditoría completa de su gestión. Urquidi afirmó que no se trata de un incidente aislado, sino de una estructura delictiva que ha estado afectando a los ciudadanos bolivianos desde hace tiempo, con denuncias previas de productores vinculados a Emapa. Por su parte, otro diputado, Héctor Arce, ha insistido en la necesidad de investigar a fondo las tres denuncias presentadas contra el exgerente de Emapa y su círculo. En este contexto, se ha mencionado que Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente, habría obtenido contratos de venta de maíz y trigo por un total aproximado de 24 millones de bolivianos
