Entre 2015 y 2016, bajo directrices de la Fiscalía General del Estado, se habría excluido de la investigación sobre el millonario desfalco al Fondo Indígena a varios técnicos vinculados a organizaciones sociales con afinidad al MAS y al gobierno de Evo Morales. Así lo reveló el exfiscal anticorrupción Anghelo Saravia, quien participó en las pesquisas del caso.
Actualmente, se espera el inicio de un juicio contra 15 personas implicadas, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo. Paralelamente, en el penal de San Pedro de La Paz permanece detenido el expresidente Luis Arce, quien en ese periodo ejercía como ministro de Economía y Finanzas.
Saravia fue designado jefe de la comisión fiscal encargada de analizar el caso Fondo Indígena, recibiendo dos carpetas con antecedentes para evaluar la responsabilidad de los miembros del directorio y de las organizaciones sociales involucradas. Trabajó durante un mes junto con un fiscal superior y el exfiscal Paul Franco, ex presidente del Tribunal Constitucional, para revisar exhaustivamente el expediente y presentar un informe ante el entonces fiscal general Ramiro Guerrero.
El testimonio de Saravia es fundamental para identificar a quienes habrían encubierto un perjuicio económico cercano a los 4.000 millones de bolivianos, resultado tanto de intereses políticos como de corrupción en instancias judiciales y fiscales. Destaca que, a pesar de la oposición de Guerrero y Franco, él impulsó la imputación y detención de Achacollo, enfrentando obstáculos que buscaban proteger a la exministra y a técnicos del Fondo Indígena señalados en la investigación.
Este enfrentamiento le costó a Saravia su cargo y posteriormente su libertad. Desde prisión, en 2019, presentó una denuncia detallando las irregularidades y presiones sufridas. Durante su reclusión, un técnico vinculado al Fondo intentó agredirlo y reveló que un fiscal habría extorsionado a implicados, logrando obtener 12.000 dólares a cambio de no imputarlos, promesa que no se cumplió y que terminó con la detención de ambos.
Saravia señaló que tanto técnicos como dirigentes admitieron haber participado en el desfalco, intentando en algunos casos mitigar su situación mediante pagos a autoridades, pero sin lograr evitar la cárcel debido a la falta de protección política. Resaltó el rol crucial de estos técnicos y asesores en diseñar estrategias administrativas que permitieron engañar a dirigentes campesinos con escasa formación, quienes firmaban desembolsos sin respaldo y recibían dinero en cuentas personales.
Además, explicó que técnicos y miembros del directorio del Fondo Indígena facilitaban la aprobación de proyectos irregulares, apropiándose de fondos mientras los proyectos quedaban sin ejecución, y dejando toda la responsabilidad legal en manos de los representantes de las comunidades.
El abogado Héctor Castellón, defensor y amigo del fallecido exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo, principal denunciante del desfalco, indicó que los técnicos fueron impuestos por organizaciones sociales del denominado “Pacto de Unidad”, afín al MAS. Según Castellón, Aramayo no tenía control sobre la contratación del personal, ya que siete organizaciones sociales colocaron a sus propios técnicos para asegurar la aprobación de sus proyectos, consolidando así un sistema de cuotas y control político dentro del Fondo Indígena
