La implementación de un sistema de control de tránsito basado en tecnología, conocido popularmente como «fotomultas», por parte del gobierno municipal, ha generado inquietud y ha motivado una solicitud formal de información. Un representante legislativo ha dirigido un pedido oficial a la administración local para obtener detalles sobre este proyecto, argumentando la ausencia de datos oficiales que lo respalden.
Esta gestión surge como respuesta a numerosas consultas y quejas recibidas de parte de la ciudadanía. La solicitud busca esclarecer aspectos fundamentales del sistema, incluyendo su alcance total, el mecanismo de notificación para los infractores y los costos asociados a su puesta en marcha. Se subraya la particular preocupación existente en el contexto económico actual respecto a nuevas cargas financieras para la población.
El legislador ha manifestado su inquietud sobre la aparente duplicidad de funciones, señalando que la normativa vigente ya confiere a la autoridad de Tránsito la responsabilidad de regular y controlar las infracciones viales. Considera que la intervención municipal en este ámbito podría percibirse como una doble imposición económica sobre los ciudadanos. Enfatiza la necesidad de una coordinación efectiva entre las entidades competentes y, crucialmente, la importancia de una amplia difusión de información y socialización del proyecto para que la ciudadanía comprenda las nuevas disposiciones.
Para garantizar la transparencia, el diputado ha sugerido un plazo de respuesta no mayor a quince días, o incluso inferior, para que la información detallada del sistema esté accesible al público. Argumenta que, si bien la iniciativa podría tener aspectos positivos, la ausencia de socialización impide que los ciudadanos conozcan claramente las conductas sancionables bajo este nuevo esquema, generando confusión sobre la competencia entre la autoridad de Tránsito y la nueva acción municipal.
En respuesta a las inquietudes planteadas, el alcalde de Tarija ha defendido la potestad municipal para implementar este tipo de sistemas. Ha explicado que la Constitución Política del Estado, al ser posterior al Código de Tránsito, otorga a las entidades municipales competencias exclusivas en ciertas materias, incluyendo la regulación vial mediante mecanismos como las fotomultas. Ha comparado esta facultad con otras acciones de control urbano y ha precisado que el sistema se encuentra actualmente en una fase de prueba. La autoridad edil justificó la medida señalando la persistente queja ciudadana sobre el incumplimiento generalizado de las normas de tránsito, como el paso de semáforos en rojo o el estacionamiento indebido.
Asimismo, el alcalde se refirió a otras problemáticas viales, como la contaminación sonora generada por vehículos con escapes modificados, cuya fiscalización considera una atribución municipal, a pesar de que otras instancias también la reclamen. Criticó la inacción de la autoridad policial en ciertos controles, sugiriendo que, en ocasiones, no solo no ejercen plenamente sus competencias sino que tampoco facilitan la labor de otras entidades. Insistió en que el objetivo primordial del sistema de fotomultas es asegurar el acatamiento de las normativas de tránsito por parte de todos los conductores.
Concluyó afirmando que el sistema está diseñado para sancionar únicamente a quienes infrinjan las reglas de circulación, por lo que aquellos conductores que respeten la normativa no tienen motivo de preocupación
