La implementación de un sistema de control de tráfico mediante cámaras en Tarija ha sido paralizada de forma indefinida tras una resolución judicial. Esta determinación, surgida de una acción de protección constitucional, ha provocado un intenso desacuerdo entre la administración municipal y Smart Solutions, la empresa a cargo del servicio. El meollo de la controversia radica en la validez legal de las sanciones impuestas y los procedimientos para su debida autorización.
La suspensión del proyecto fue dictaminada por una jueza después de que la compañía no pudiera presentar el marco legal que respaldara los costos económicos de las multas durante una audiencia reciente. Desde la perspectiva del gobierno municipal, la empresa procedió con la ejecución del sistema y la aplicación de sanciones sin contar con el aval legal indispensable. Un asesor jurídico del municipio confirmó que el proyecto permanece en suspenso hasta que se complete el proceso legislativo para la emisión de la normativa reglamentaria. Subrayó que la empresa actuó en contravención de lo resuelto judicialmente al aplicar multas antes de que una norma publicada proporcionara el soporte legal necesario. La administración local afirmó que aún se encontraba en fase de socialización de la iniciativa cuando la compañía inició la fiscalización.
Smart Solutions, por su parte, ofrece una versión opuesta, argumentando que la suspensión judicial de las multas se debió específicamente a que el alcalde no publicó el Decreto 039 en la Gaceta Oficial del Gobierno Municipal, un requisito legal ineludible. La firma va más allá, alegando un patrón de incumplimiento más amplio, al señalar que ninguna disposición municipal ha sido publicada en la Gaceta desde el 14 de mayo de 2021. Esto, según su postura, constituye una omisión de funciones que, a criterio de la jueza, pone en riesgo la legalidad de todos los actos municipales no publicados, incluyendo leyes, resoluciones y adjudicaciones.
La empresa también ha expresado inquietudes sobre posibles conflictos de interés, indicando que el abogado del municipio supuestamente también representa a entidades del sector del transporte. Sugirieron que, durante la audiencia, este representante legal apoyó la posición del demandante. Smart Solutions insinúa que la acción de amparo fue orquestada mediante un acuerdo entre la alcaldía y los gremios de transportistas, posiblemente con la intervención de influencias de alto nivel, lo que, a su juicio, perjudica a los ciudadanos al dejarlos desprotegidos frente a conductores imprudentes.
Smart Solutions reitera su compromiso con el cumplimiento de la ley y ha manifestado su intención de emprender las acciones legales pertinentes. La compañía responsabiliza a la administración municipal por generar un ambiente de constante inseguridad jurídica, el cual, aseguran, ya ha provocado la rescisión de tres de sus acuerdos público-privados, frustrando así la creación de empleo y la generación de recursos para la ciudad
