La industria de la construcción en el país atraviesa un momento crítico, con aproximadamente el setenta por ciento de sus proyectos experimentando retrasos significativos o una paralización total. Esta desaceleración se atribuye principalmente a la persistente escasez de diésel y al considerable incremento en los costos de materiales e insumos esenciales para el sector.
La insuficiencia de combustible ha generado un cuello de botella logístico, donde la maquinaria pesada, fundamental para la ejecución de obras, pasa hasta tres días en fila para abastecerse, limitando su operatividad a solo uno o dos días por semana. Esta dinámica reduce drásticamente el ritmo de trabajo, comprometiendo los cronogramas inicialmente establecidos y generando un desfase considerable en la planificación de proyectos a nivel nacional.
Ante este escenario, la viabilidad operativa de numerosas empresas constructoras se ha visto comprometida, llevando a la suspensión de obras. Los costos adicionales derivados del aumento de precios no pueden ser absorbidos por los presupuestos actuales, lo que subraya la urgencia de una nueva normativa que agilice la actualización de precios y desburocratice los trámites contractuales.
La situación se ha exacerbado con la suspensión de la venta directa de diésel a grandes consumidores por parte de la empresa estatal de hidrocarburos, priorizando el suministro a las estaciones de servicio. Esta medida ha dejado a sectores clave sin acceso directo al combustible necesario para sus operaciones.
La carencia de diésel a nivel nacional es un reflejo de desafíos estructurales que requieren atención inmediata. Existe una expectativa generalizada de que las próximas administraciones gubernamentales aborden con celeridad esta problemática, cuya resolución beneficiaría no solo al sector de la construcción, sino a la economía en su conjunto.
Aunque la importación privada de carburantes se presenta como una alternativa viable, especialmente para grandes consumidores en sectores como la minería y la agroindustria, su implementación en proyectos gestionados por el Estado presenta complejidades. Los presupuestos actuales para estas obras se basan en el precio subvencionado del diésel, lo que implicaría la necesidad de un reajuste de precios para acomodar los costos de un diésel no subvencionado
