La Fundación “Jubileo” ha expresado su preocupación sobre los contratos destinados a la explotación del litio en Bolivia, instando a la Asamblea Plurinacional a revisarlos y devolverlos al Ejecutivo para su mejora. Según el director de la fundación, Juan Carlos Núñez, estos documentos presentan varias desventajas que podrían afectar al país y, por lo tanto, requieren un análisis exhaustivo por parte de los legisladores.
Núñez enfatizó que el Legislativo cuenta con la capacidad técnica necesaria para realizar una evaluación adecuada y proponer mejoras que beneficien a Bolivia. Resaltó la importancia de establecer condiciones favorables en estos contratos, dado que se trata de acuerdos a largo plazo que impactarán el futuro del país.
Además, el director sugirió que, considerando que el país se encuentra en un periodo previo a un cambio de gobierno, sería más prudente que las nuevas autoridades se encarguen de este asunto. Esto permitiría un análisis más profundo y la posibilidad de establecer conexiones con otras empresas para asegurar un mejor acuerdo.
En su análisis, “Jubileo” también destacó preocupaciones específicas relacionadas con el estudio que fundamenta los contratos. Por ejemplo, el precio del carbonato de litio ha experimentado una caída significativa, pasando de 25 mil a 10 mil dólares por tonelada. Este cambio ya plantea interrogantes sobre la viabilidad del acuerdo.
Otro punto crítico es la regalía establecida en el contrato con una empresa china, que se fija en un 3%. Esta situación ha generado reclamos en Potosí, donde se demanda un porcentaje mayor. Según Núñez, el acuerdo implica que el Estado tendría que asumir la responsabilidad de cubrir cualquier incremento en la regalía, lo que podría generar un impacto financiero negativo para el país.
El director también advirtió sobre las posibles implicaciones de cambios en los términos de la regalía, aranceles o impuestos en el futuro. Cualquier alteración podría llevar a la empresa a reclamar compensaciones por daños y perjuicios, lo cual está contemplado en el contrato. Esto podría resultar en una carga financiera considerable para el Estado.
Finalmente, Núñez subrayó la inquietud de que la empresa podría cesar operaciones debido a la falta de seguridad jurídica, mientras que el Estado se vería obligado a afrontar reclamaciones económicas. La fundación considera que las condiciones actuales de los contratos son desfavorables para Bolivia y ha instado a la Asamblea Plurinacional a no aprobarlos en su forma actual, proponiendo en su lugar la búsqueda de alternativas que prioricen el bienestar del país
