La jefa regional de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo en Tarija, Lindka Alejandra Aramayo, refutó las aseveraciones sobre la existencia de una deuda en el pago de pensiones por Riesgo y Vejez a favor del beneficiario Vicente Flores. Esta aclaración surge luego de que la representante legal del señor Flores afirmara públicamente la existencia de un monto pendiente de Bs 37.238.

Según la información proporcionada por la entidad previsional, el proceso administrativo relacionado con el fallecimiento de la señora Graciela Cruz concluyó el 26 de marzo de 2025. Esta resolución derivó en la habilitación de pagos a favor del derechohabiente bajo dos conceptos distintos: la Pensión por Riesgo, correspondiente al periodo de mayo de 2023 a abril de 2025, por un total de Bs 42.332,52, y la Pensión por Vejez, cubriendo los mismos meses, por un monto de Bs 38.702,04. La Gestora explicó que la falta de cobro inicial por parte del beneficiario se debió a que desconocía la existencia de dos boletas de pago separadas, una situación que, según la institución, no le fue comunicada adecuadamente por su apoderada.

La jefa regional subrayó que la representante legal fue debidamente notificada el 26 de marzo de 2025 con el documento final del trámite, la Declaración de Prestaciones y Pagos del Sistema Integral de Pensiones. Este documento, procesado correctamente, confirmaba la habilitación de todos los montos correspondientes a ambas prestaciones.

La suma total habilitada a favor del beneficiario asciende a Bs 81.034,56, cifra que difiere de los Bs 85.000 mencionados en la reclamación inicial. La Gestora aseguró que los pagos estaban habilitados y disponibles para su cobro, indicando incluso que se habían comunicado con el señor Flores para recordarle la disponibilidad de su pensión.

Una verificación posterior confirmó que el señor Vicente F. realizó el cobro de uno de los montos, específicamente los Bs 38.702,04 correspondientes a la Pensión por Vejez, en una entidad financiera durante la mañana del viernes. La Gestora considera que este cobro demuestra el cumplimiento de todos los procedimientos administrativos establecidos.

Por su parte, la abogada Trinidad Delgado, representante legal del señor Flores, sostuvo que el pago no figuraba como habilitado hasta la mañana del jueves anterior a la confirmación del cobro. La abogada sugirió que la habilitación del monto pendiente se produjo tras la exposición pública del caso.

La abogada también expresó su preocupación por lo que considera una aparente necesidad de presión para que los funcionarios públicos agilicen los trámites, mencionando casos que, según ella, tardan más de ocho meses en la Gestora, a diferencia de los dos o tres meses que tomaban anteriormente

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