La administración departamental de Tarija ha expresado su inquietud ante lo que describe como una actuación sesgada por parte de la Jefatura Departamental de Trabajo. Esta preocupación se centra en la resolución de procesos laborales iniciados por extrabajadores del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA), correspondientes a gestiones anteriores.
Una profunda preocupación se ha manifestado respecto a la manera en que estos expedientes han sido dirimidos. Se observa una aparente inclinación a favor de los demandantes, lo cual, según la perspectiva de la Gobernación, menoscaba la institucionalidad y compromete los recursos económicos del departamento.
El análisis de estos casos ha permitido identificar al menos ocho situaciones en las que, a pesar de no existir una solicitud formal de reincorporación laboral, la Jefatura de Trabajo habría compelido a la entidad gubernamental a readmitir a dichos funcionarios. Las cifras económicas involucradas son considerables, superando los 3.6 millones de bolivianos en concepto de indemnizaciones, incluyendo periodos en los que no se prestó servicio alguno. Un ejemplo particularmente relevante detalla un desembolso superior a un millón de bolivianos por un proceso que se extendió a lo largo de nueve años.
Se ha lamentado que este tipo de determinaciones, tanto judiciales como administrativas, puedan estar respondiendo a presiones de índole sindical o política. Esta situación impacta directamente el presupuesto departamental, en un momento de estrechez financiera que exige la priorización de programas sociales y la asistencia a los sectores más vulnerables de la población.
La Gobernación continúa con la revisión exhaustiva de una extensa lista de procesos laborales en curso. Se ha señalado que muchos de estos carecerían de un fundamento real o de una evaluación imparcial por parte de las autoridades competentes. En este contexto, se están explorando las vías legales pertinentes con el fin de recuperar una porción de los recursos que se consideran comprometidos de manera injusta, enfatizando que dichos fondos deben ser dirigidos hacia las necesidades genuinas de la ciudadanía tarijeña.
Finalmente, la administración departamental ha asegurado que no se permitirá la continuidad de esta parcialización en el manejo de los expedientes. Se ha reafirmado el compromiso inquebrantable de defender los intereses de la población y salvaguardar la institucionalidad pública
