El ejecutivo departamental, Oscar Montes, ha comunicado a las autoridades municipales que, debido a una marcada disminución en los ingresos, se procederá a la anulación de compromisos previamente adquiridos.
Dentro de un plazo de dos meses, la administración regional tiene previsto rescindir los contratos correspondientes a los ítems de salud asignados a los municipios, argumentando una severa escasez de recursos financieros. Adicionalmente, se ha decidido no otorgar nuevos ítems para el municipio de Bermejo, a pesar de los anuncios de medidas de presión.
Confirmando esta determinación, el gobernador señaló que se ha enviado una comunicación formal a los alcaldes, informándoles que en aproximadamente dos meses se verán obligados a dar por terminados los contratos del personal de salud de primer y segundo nivel.
Explicó que los fondos disponibles ya no son suficientes para cubrir el costo de estos puestos. En este contexto, consideró que la pretensión de contratar nuevos ítems, justo cuando se están cancelando otros, resulta ilógica, especialmente cuando proviene de dirigentes cívicos de Bermejo.
El gobernador enfatizó que la responsabilidad de la contratación de personal en el sistema de salud en Bolivia, abarcando los tres niveles de atención, recae en el gobierno nacional. Para ello, el nivel central dispone de los recursos necesarios, provenientes de fondos ministeriales y del Tesoro General de la Nación (TGN).
Respecto al Seguro Universal de Salud (SUS), si bien es administrado por los gobiernos municipales, la función de la gobernación se limita a transferir de manera inmediata la totalidad de los fondos del SUS a los hospitales de tercer nivel. Por consiguiente, la administración regional no maneja ningún recurso proveniente del SUS.
El proceso de rescisión de contratos de ítems de salud comenzará en el área de Cercado, afectando a los 90 ítems existentes en esa jurisdicción. Estos puestos representan un gasto total de 10 millones de bolivianos y, según la autoridad, eran financiados con recursos remanentes.
En cuanto a la situación en Bermejo y los anuncios de movilizaciones para conseguir ítems de salud, el gobernador calificó estas acciones como políticas, vinculándolas a intereses partidarios y mencionando que son promovidas por el alcalde Irineo Flores, cuya cónyuge es candidata a parlamentaria.
Sostuvo que solicitar ítems de salud a la gobernación contraviene lo establecido en la Constitución, la Ley Marco de Autonomías y el Estatuto Autonómico Nacional. Insistió en que la administración regional no tiene ninguna obligación legal en materia de ítems de salud, ni con Bermejo ni con ninguna otra entidad territorial.
El gobernador recordó que los ítems de salud bajo la responsabilidad de la gobernación fueron creados durante la gestión del ex gobernador interino Lino Condori Aramayo, en un periodo en que la institución contaba con abundantes recursos. Incluso, se aprobó una ley departamental que autorizaba su financiamiento en aquel momento.
La autoridad dio a entender que el uso de medidas de presión, que podrían afectar a la población, no logrará la asignación de ítems de salud para Bermejo, debido a la ausencia de fondos y a que la solicitud va en contra de la Constitución y las leyes nacionales.
Reiteró que no existen recursos para cubrir el costo de los ítems que fueron contratados durante la época de bonanza económica, y que, por lo tanto, no puede cumplir con ese tipo de obligaciones. Mientras tanto, residentes de Bermejo que participaron en protestas recientes en Tarija han anunciado que contemplan la realización de nuevas medidas de presión
