La ciudad de Tipuani, con una población de 7.640 habitantes, ha sido nuevamente golpeada por una severa inundación, un evento que ha puesto en evidencia la fragilidad de su infraestructura y la recurrente amenaza que enfrenta. Este reciente desastre se desencadenó tras tres días de intensas lluvias, que provocaron el colapso de varias pozas de sedimentación, cuya construcción ha sido calificada de deficiente. Millones de litros de agua contaminada se precipitaron por el río Tipuani, irrumpiendo en el área urbana y sumergiendo viviendas.
El gobernador de La Paz, Santos Quispe, ha propuesto una solución radical ante la situación, sugiriendo que la población de Tipuani se reubique. Según sus declaraciones, la causa de estas inundaciones anuales radica en la constante remoción de tierra por parte de dos empresas chinas, lo que hace inevitable la repetición de estos eventos.
Entre las más de 420 familias afectadas, que ocupaban aproximadamente 250 viviendas en la zona baja de Tipuani, se encuentra Lidia Choque, una mujer de la tercera edad. Ella lamenta que esta es la tercera ocasión en que pierde todas sus pertenencias, viendo su hogar cubierto por aguas servidas y amarillentas, una mezcla de copajira y el desbordamiento del sistema de alcantarillado. Tipuani, un asentamiento que precede a la República de Bolivia y fue fundado como municipio en 1986, forma parte de la provincia Larecaja en el departamento de La Paz. A pesar de que gran parte de su territorio se clasifica como selva húmeda montañosa con una rica biodiversidad, su economía ha dependido históricamente de la explotación aurífera.
A lo largo de su existencia, la localidad ha enfrentado numerosos embates naturales. La inundación más reciente, antes de la actual, se extendió por seis meses, desde diciembre del año anterior hasta junio pasado. Lidia Choque recuerda cómo su primera vivienda, construida de adobe, fue destruida durante su adolescencia por un evento similar. Décadas más tarde, su segunda casa, edificada con cemento y ladrillo, también sucumbió hace una década. Ahora, su hogar actual, ya fisurado por la inundación anterior, enfrenta una destrucción inminente.
La propuesta de reubicación del gobernador ha generado un profundo descontento entre los afectados. Lidia Choque cuestiona por qué los habitantes deberían abandonar sus hogares y terrenos, obtenidos con tanto esfuerzo, en lugar de que las autoridades actúen contra las empresas y cooperativas mineras, y que los ministerios cumplan con la ley. Subraya que la mayoría de los residentes, aunque viven de la minería, carecen de los recursos económicos para mudarse y construir nuevas viviendas en otro lugar de forma inmediata. Desde su perspectiva, si el traslado es la única opción, el gobierno debería planificar y compensar todos los perjuicios, atribuyendo la situación actual a la falta de control estatal sobre las cooperativas, lo que ha llevado a un aumento del desmonte industrial y a la alteración del cauce del río.
La situación de Tipuani ha sido calificada como una bomba de tiempo. En enero de este año, el alcalde de Tipuani, Fernando Vera, ya había advertido en oficinas de la Defensoría del Pueblo de La Paz que, de continuar la explotación aurífera descontrolada, el municipio podría desaparecer en tres años, afectando también a las poblaciones vecinas de Guanay y Teoponte. El reciente desastre confirma estas advertencias, sugiriendo que la minería ilegal y sin control podría acelerar este proceso.
El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, ha respaldado la postura de los residentes, responsabilizando al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), al Ministerio de Minería y a funcionarios de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por su inacción. Calvimontes instó a estas entidades a tomar medidas urgentes ante lo que considera una amenaza inminente para Tipuani y los municipios aledaños.
El viceministro destacó tres puntos clave tras la inundación: primero, la innegable vinculación del desastre con la actividad minera en la zona; segundo, la ausencia de una declaratoria de emergencia por parte del municipio hasta la fecha; y tercero, una interpelación directa al alcalde Vera, instándolo a definir si actuará como autoridad municipal o como miembro de una cooperativa minera, advirtiendo que, de lo contrario, el municipio está condenado a desaparecer.
Las advertencias hacia el alcalde Vera no son infundadas. La presidenta del Concejo Municipal de Tipuani, Ángela Alejandro, lo ha señalado por incumplir sus funciones de control sobre las cooperativas y por presuntos actos de corrupción en la gestión de recursos, incluidos los destinados a los damnificados. Se han presentado denuncias ante la Fiscalía, entre ellas una por permitir que cooperativistas destruyeran el vivero municipal y una unidad educativa para la explotación de oro.
A pesar de los intentos de contactar al alcalde Vera desde enero, no se ha obtenido respuesta a las múltiples llamadas y cuestionarios enviados, incluyendo solicitudes de datos oficiales sobre el número de damnificados. La falta de acción no se limita al ámbito municipal. En una reunión organizada por la Defensoría del Pueblo en enero, a raíz de la inundación que comenzó en diciembre del año anterior, se firmó un acuerdo de ocho puntos. Este compromiso involucraba a mineros, entidades municipales, estatales y departamentales, incluyendo representantes del MMAyA, AJAM y la Gobernación de La Paz, para implementar acciones concretas y prevenir futuros desbordes del río Tipuani.
Sin embargo, dirigentes vecinales como Rufino Chambi y Fidel Veliz han confirmado que ni la Defensoría del Pueblo ha cumplido con su labor de fiscalización, ni las autoridades estatales y cooperativistas auríferos han acatado el acuerdo. Las acciones prometidas, como la descolmatación del río, la construcción de defensivos y el bombeo del agua estancada en el pueblo, no se han materializado.
La mañana de la inundación, la rápida difusión de alertas mediante petardos y mensajes de video y audio por WhatsApp fue crucial para evitar pérdidas humanas. Familias enteras abandonaron sus hogares con lo indispensable, llevando consigo lo que podían cargar. Actualmente, muchas de estas familias utilizan balsas improvisadas con tablas y plastoformo para acercarse a sus casas, con el fin de alimentar a sus animales y rescatar objetos de valor
