Una cumbre de relevancia nacional congregó recientemente en Tarija a siete de los nueve gobernadores del país, con la notable ausencia del departamento de Beni. El encuentro se centró en la delicada situación económica que enfrentan las entidades territoriales autónomas. Tras un exhaustivo análisis, los líderes departamentales acordaron una serie de cuatro puntos estratégicos destinados a salvaguardar los recursos financieros de los gobiernos subnacionales.
El gobernador de Tarija, al referirse al primer punto, explicó que este aborda la asignación de competencias nacionales a las gobernaciones y municipios sin el correspondiente respaldo presupuestario. Entre estas responsabilidades se incluyen partidas para el sector salud, el financiamiento de subsidios diarios y el bono para personas con discapacidad, programas que actualmente deben ser cubiertos por las administraciones departamentales y municipales. En este contexto, se anunció la intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 10 de la Ley Financiera del año 2005, argumentando que menoscaba la autonomía departamental y contraviene la Constitución Política del Estado.
En el segundo punto, se elevó una solicitud formal al presidente del Estado para que se suspenda la deducción del 12% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Esta retención, que se ha aplicado desde 2015 y 2016 con el propósito de financiar la exploración petrolera y la promesa de grandes ganancias, no ha generado los beneficios esperados hasta la fecha. El gobernador de Tarija enfatizó que, tras casi una década, no se ha evidenciado ningún tipo de rendimiento, mientras las deducciones persisten. Por ello, se demanda no solo el cese de estas retenciones, sino también la restitución de los fondos detraídos, considerada crucial para superar la actual crisis financiera que afecta a todos los gobiernos departamentales.
Como tercer eje de discusión, los gobernadores instaron al ministro de Economía y Finanzas a cumplir con los acuerdos previamente establecidos en relación con los fideicomisos que el gobierno central ha puesto a disposición. Estos mecanismos, según se señaló, podrían facilitar la obtención de recursos necesarios para saldar obligaciones de gestiones anteriores y abordar otras necesidades apremiantes.
El cuarto punto de consenso entre las autoridades departamentales se refiere a la necesidad de que las autonomías nacionales convoquen a los aspirantes a la presidencia. Se argumenta que, dado el inminente fin del actual mandato gubernamental, y ante la expectativa ciudadana de una asunción inmediata del poder por parte del próximo mandatario electo en las próximas semanas, la urgencia de la crisis lo demanda. En este marco, se prevé invitar a los candidatos presidenciales de las diversas fuerzas políticas a un evento de alcance nacional, donde se espera que asuman el compromiso de implementar lo establecido en la Ley Marco para la configuración de un nuevo pacto fiscal que defina una redistribución más equitativa de los ingresos económicos. Se expresó la esperanza de que estas medidas no solo contribuyan a sanear la economía nacional, sino que también aseguren que las alcaldías y gobernaciones puedan cumplir con sus responsabilidades, ya que son estas instancias las que atienden las necesidades cotidianas de la población, garantizando el acceso a la educación, la salud, el deporte y otras necesidades fundamentales.
El gobernador de Cochabamba, por su parte, señaló que el gobierno nacional ha eludido sus responsabilidades competenciales, delegando la carga de atender las necesidades diarias a las entidades autónomas, llegando incluso a la amenaza de acciones legales. Afirmó que los gobernadores se mantienen firmes en la defensa de los intereses de cada departamento y en la demanda por la devolución de los recursos retenidos desde el nivel central, a fin de poder responder y cumplir con las obligaciones inherentes a sus administraciones.
De manera similar, el gobernador en ejercicio del departamento de Santa Cruz subrayó que, frente a la actual coyuntura política y económica del país, resulta imperativo asegurar el pleno ejercicio de las autonomías, un logro gestado a través de la movilización ciudadana. Advirtió que la presente crisis afecta a todos y podría agravarse si no se adoptan decisiones inmediatas y soluciones precisas y efectivas. En este sentido, se valoró positivamente el encuentro y se aguarda la receptividad de quienes aspiran a la administración del Estado.
La reunión de los gobernadores también abordó específicamente el tema de la salud. Se acordó exigir a las nuevas autoridades que resulten electas el 17 de agosto el cumplimiento del Decreto Supremo N° 25233, con el objetivo de otorgar a los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) plena autoridad en la gestión de salud, con el propósito de erradicar la injerencia política en los nombramientos. El gobernador de Tarija explicó que existen partidas de personal que, al provenir directamente de la capital, responden a directrices políticas en lugar de a las necesidades reales del sistema de salud. Adicionalmente, la Asociación de Municipios de Tarija remitió una misiva a la titular de la cartera de Salud, solicitando un encuentro con los once alcaldes municipales, el SEDES y la Gobernación, con el fin de abordar la redistribución de las asignaciones de personal sanitario
