El Gobierno boliviano dio a conocer un paquete de medidas orientadas a reactivar la economía nacional, con un enfoque particular en la simplificación y alivio del sistema tributario. Estas acciones fueron anunciadas en el marco del Congreso Empresarial 2026, celebrado en Cochabamba, donde el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, detalló las propuestas que buscan generar un ambiente más favorable para contribuyentes y empresas, facilitando la formalización económica y promoviendo un marco impositivo más justo y eficiente.
Una de las medidas más destacadas es la condonación total de las deudas tributarias acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2017. Esta iniciativa apunta a beneficiar principalmente a pequeños contribuyentes que enfrentan dificultades debido a obligaciones fiscales antiguas que incluyen capital, intereses y multas. Al establecer un límite para las deudas menores a 10 millones de bolivianos, el gobierno pretende liberar activos inmovilizados como bienes o cuentas bancarias congeladas que impiden a estas personas y empresas volver al sistema formal. Esta estrategia busca reinsertar en la economía formal a aquellos agentes económicos que han quedado rezagados por cargas fiscales acumuladas durante una década o más.
Para las obligaciones tributarias generadas desde 2018 en adelante, se implementará un plan de pagos sin multas ni intereses, con plazos máximos de hasta 24 meses para su regularización. Se prevé que una vez aprobada la ley correspondiente por parte del Legislativo, los contribuyentes dispondrán de un período máximo de 120 días para acogerse a esta modalidad, lo cual facilitará la recuperación financiera y evitará mayores sanciones. Además, el Ejecutivo ofrece flexibilidad al permitir que los pagos se realicen tanto en efectivo como mediante el plan acordado, brindando opciones adaptadas a distintas capacidades económicas.
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), se propone una modificación significativa con la eliminación del IVA en la factura emitida por los contribuyentes. Actualmente establecido en 14.94%, el impuesto pasaría a tener una tasa efectiva del 13%. Este ajuste no solo simplificaría el manejo tributario reduciendo las posibilidades de errores administrativos sino que también disminuiría la carga fiscal indirecta sobre los precios finales de bienes y servicios. La simplificación anunciada busca reducir las fiscalizaciones y multas derivadas de inconsistencias formales, generando así un entorno más amigable para los comerciantes y consumidores.
Otra innovación importante es la creación del régimen tributario especial denominado SIETE, diseñado para favorecer la formalización económica en sectores clave como gastronomía, construcción y servicios. Este régimen consolidará tres impuestos —IVA, Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) e Impuesto a las Transferencias (IT)— en un único tributo bimensual del 5% sobre ingresos brutos para contribuyentes con ventas anuales inferiores a 400 mil bolivianos. La adhesión será voluntaria y permitirá emitir facturas sin generar obligaciones fiscales adicionales complejas. Esta medida apunta a integrar proveedores informales dentro de la cadena productiva formal sin imponer cargas tributarias desproporcionadas.
Finalmente, se plantea una reducción considerable en los plazos para fiscalizaciones tributarias: mientras actualmente pueden extenderse hasta ocho años, con esta reforma pasarán a cuatro años como máximo. Además, se establece que para iniciar procesos fiscales el Estado dispondrá solo de dos años desde la fecha correspondiente. Estas limitaciones buscan proteger los derechos de los contribuyentes frente a posibles abusos fiscales derivados de prolongados periodos administrativos sin resolución definitiva. El gobierno enfatiza que es necesario equilibrar las obligaciones entre Estado y ciudadanos para evitar situaciones injustas o arbitrarias.
En conjunto, estas cinco medidas forman parte de un esfuerzo integral para modernizar el sistema tributario boliviano con miras a fomentar una economía formalizada, sostenible y dinámica. Al aliviar cargas históricas sobre pequeños contribuyentes, simplificar impuestos vigentes y establecer regímenes especiales adaptados al tamaño empresarial, el Ejecutivo espera estimular inversiones y actividades productivas que impulsen el desarrollo económico nacional. La aprobación ágil por parte del Legislativo será clave para materializar estos cambios cuyo impacto beneficiará tanto al sector privado como a la ciudadanía en general mediante mayor claridad normativa y oportunidades económicas renovadas
