El mes de diciembre de 2025 marcó un cambio significativo en la política energética y fiscal de Bolivia con la eliminación de un subsidio que estuvo vigente por más de veinte años. A través del Decreto Supremo 5503, el gobierno decidió poner fin a un esquema mediante el cual el Estado adquiría combustible a precios internacionales para luego venderlo a tarifas reducidas en el mercado interno.
Esta medida, impulsada en el marco de una emergencia económica, busca frenar el déficit fiscal creciente generado por las subvenciones a los hidrocarburos, que representaban un gasto millonario para las arcas públicas. Hasta ese momento, los precios del diésel y la gasolina se mantenían congelados, con valores que posicionaban al país entre los que ofrecían los combustibles más económicos de la región, solo superado por Venezuela.
Con la eliminación del subsidio, los precios se ajustaron considerablemente para reflejar los valores internacionales. La gasolina especial pasó a costar Bs 6,96 por litro, el diésel Bs 9,80 y la gasolina premium alcanzó hasta Bs 11 por litro. Estos cambios representan un aumento del 86% para la gasolina y más del 160% para el diésel en comparación con los precios anteriores.
La decisión del gobierno responde a una crisis cambiaria que se intensificó en 2024, cuando la escasez de dólares afectó la capacidad del país para importar combustible. Las reservas internacionales disminuyeron y el mercado paralelo de divisas experimentó una fuerte presión, con cotizaciones del dólar que superaron ampliamente el tipo de cambio oficial. Esta situación generó complicaciones en las transacciones comerciales y dificultó la adquisición de divisas al tipo de cambio oficial, impactando directamente en la importación de hidrocarburos.
La escasez de diésel tuvo repercusiones notorias en diversos sectores. El transporte interdepartamental redujo sus frecuencias, el transporte de carga sufrió retrasos y la agricultura enfrentó pérdidas de productividad debido a la falta de combustible para maquinaria y transporte de cosechas. Asimismo, industrias que dependen del diésel para su operación vieron una caída en su actividad, mientras los costos logísticos aumentaron considerablemente. Las estaciones de servicio registraron largas filas y los gremios transportistas protagonizaron protestas que evidenciaron la crisis en el suministro.
Durante ese período, la empresa estatal encargada del sector petrolero minimizó la gravedad de la escasez, atribuyendo los problemas a factores externos como bloqueos y aspectos logísticos. Paralelamente, se responsabilizó a la Asamblea Legislativa por no aprobar créditos necesarios para la importación de combustibles, situación que contribuyó a la falta de dólares y, por ende, a la escasez de carburantes.
Ante este escenario complejo, la nueva administración decidió eliminar el subsidio de manera abrupta, argumentando la imposibilidad de mantenerlo sin recursos suficientes. Esta decisión generó protestas iniciales entre sectores como el minero y el transporte, cuyo desarrollo continuará en el año siguiente.
En paralelo, durante 2025, la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzó niveles elevados, impactando directamente en el costo de vida de las familias. El Instituto Nacional de Estadística reportó una inflación acumulada cercana al 19,7% hasta noviembre, con el grupo de alimentos superando un aumento interanual del 30%. Productos básicos como plátano, leche en polvo, huevos, arroz y haba verde mostraron incrementos significativos.
La Defensoría del Pueblo señaló que la canasta básica alimentaria experimentó aumentos entre el 19% y más del 30% en diversas ciudades, reflejando un encarecimiento sostenido de la alimentación en distintos sectores sociales. Entre las causas de esta escalada se encuentran la especulación en precios, interrupciones logísticas por bloqueos y la presión inflacionaria general, que provocaron aumentos consecutivos en los precios de los alimentos, incluso cuando algunos meses mostraron variaciones moderadas en el Índice de Precios al Consumidor.
Las proyecciones para 2026 sugieren una posible moderación en el ritmo de incremento de precios, aunque esta mejora dependerá de factores como el aumento en la producción y la estabilidad económica en el país
