A quince años de la implementación de la Ley 070 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, el Gobierno nacional ha decidido abrir un debate fundamental para el futuro del sistema educativo al anunciar la intención de llevar adelante una reforma estructural que permita superar las limitaciones del actual marco normativo. Este anuncio refleja un reconocimiento oficial de que la ley vigente, que ha regido la educación durante más de una década, presenta deficiencias importantes que requieren un replanteamiento profundo.
El inicio formal de este proceso se dio con las declaraciones del viceministro de Educación Regular, quien subrayó que uno de los retos prioritarios para este año es abrogar la Ley 070 y promulgar una nueva legislación antes de finalizar el año 2026. Este planteamiento no solo implica una modificación normativa, sino también un rediseño curricular y la elaboración de un nuevo reglamento para la evaluación educativa. La autoridad enfatizó que estas transformaciones no serán producto exclusivo de decisiones internas en el gabinete ministerial, sino que buscarán incorporar diversas voces y perspectivas.
Paralelamente, la ministra de Educación anunció el comienzo en febrero de mesas técnicas destinadas a diseñar un modelo curricular renovado, con participación activa de expertos en educación, maestros en ejercicio, directores escolares, dirigentes gremiales y rectores universitarios. Este trabajo se desarrollará simultáneamente con la reforma legal y se espera que los resultados estén consolidados hacia finales del año. La ministra reconoció que existe un consenso amplio sobre la necesidad de cambios estructurales en el sistema educativo y proyectó presentar el proyecto legislativo ante la Asamblea Legislativa entre agosto y septiembre, con miras a contar con una nueva ley para la gestión educativa siguiente.
Sin embargo, esta apertura al cambio ha sido recibida con cautela por parte del magisterio urbano. Desde Tarija, el representante de la Federación de Trabajadores en Educación Urbana manifestó que aunque existe disposición positiva hacia una nueva normativa, hasta ahora no se cuenta con una propuesta concreta ni claramente definida. El dirigente alertó sobre el riesgo de que se incurra en improvisaciones o en combinaciones inadecuadas entre elementos actuales y antiguos marcos legales —como podría ser una mezcla entre la Ley 070 y su antecesora Ley 1565— lo cual podría generar confusión y no resolver las fallas estructurales del sistema.
Además, cuestionó públicamente aspectos vinculados con la gestión reciente del Ministerio de Educación, señalando que algunas resoluciones ministeriales han mostrado falta de planificación precisa y claridad normativa. La Resolución Ministerial 001/2026 fue citada como ejemplo por haber generado confusión respecto a temas como cobros escolares, edades para inscripción, planificación de actividades extracurriculares y elaboración del Plan Operativo Anual (POA), lo que llevó a emitir aclaraciones posteriores para corregir interpretaciones erróneas.
En paralelo a estas críticas, el magisterio urbano reconoció que después de quince años bajo la Ley 070 se evidencian debilidades importantes en su estructura normativa. Estas deficiencias deben abordarse con rigor para evitar repetir errores del pasado o cargar exclusivamente sobre los docentes responsabilidades derivadas del marco legal insuficiente. Desde este sector se ha insistido reiteradamente en la necesidad de reformar esta ley e incluso se han presentado propuestas específicas; sin embargo, ni siquiera las modificaciones parciales han logrado alcanzar los objetivos planteados inicialmente.
El dirigente sindical enfatizó que cualquier nueva ley debe responder a los intereses reales del país y contemplar aspectos fundamentales como contenidos curriculares actualizados, perfiles adecuados para los egresados o bachilleres y una articulación efectiva con las condiciones socioeconómicas vigentes. También destacó problemáticas concretas relacionadas con los Bachilleratos Técnicos Humanísticos (BTH), señalando que estos programas no han logrado consolidarse debido a carencias graves en recursos humanos especializados, equipamiento suficiente e infraestructura adecuada.
Por otro lado, desde el ámbito familiar también surgen demandas claras respecto a esta reforma educativa. Padres y madres expresan insatisfacción porque consideran que la Ley 070 ya no representa adecuadamente las particularidades regionales ni garantiza condiciones mínimas para un aprendizaje efectivo. Un representante del sector parental señaló que persiste el incumplimiento estatal en aspectos básicos como financiamiento adecuado, infraestructura escolar digna y equipamiento necesario para las unidades educativas.
Este reclamo adquiere mayor peso al recordar experiencias previas donde solicitudes similares fueron desestimadas por administraciones anteriores. En ese sentido, hay expectativas puestas en la actual gestión gubernamental para impulsar un cambio genuino; sin embargo, también persiste preocupación porque muchos tomadores de decisiones parecen desconocer o estar desconectados respecto a las realidades concretas dentro del sistema educativo nacional.
En definitiva, el proceso anunciado por el Gobierno representa un momento crucial para repensar y reconfigurar el sistema educativo tras más de una década bajo una legislación que muestra signos claros de desgaste e insuficiencia. La participación activa y crítica tanto del magisterio urbano como de padres y madres es fundamental para asegurar que cualquier reforma sea técnica, coherente y capaz de resolver problemas estructurales profundos. Solo así será posible construir un modelo educativo renovado que responda efectivamente a las necesidades actuales y futuras del país
