El proceso de elaboración del presupuesto nacional para el año 2026 se encuentra en una etapa crucial, con la expectativa de que el gobierno presente el documento final antes de concluir el mes. No obstante, existen indicios de que podría solicitarse una extensión para completar adecuadamente su formulación. Este presupuesto es especialmente significativo debido a las decisiones que deberá contemplar respecto al manejo y futuro de las empresas estatales, un tema que ha generado opiniones críticas y debates en la esfera política y económica del país.
El diputado nacional José Luis Porcel Marquina ha destacado la importancia de este presupuesto como una herramienta clave para definir el destino de más de 80 empresas estatales que operan en Bolivia. Según su análisis, la mayoría de estas entidades no son rentables y representan una carga financiera considerable para el Estado. La situación actual implica que muchas de estas empresas generan gastos burocráticos excesivos sin aportar beneficios productivos claros, lo que afecta negativamente a la economía nacional.
Porcel Marquina subrayó la necesidad de implementar medidas concretas para revertir esta tendencia. En su diagnóstico, algunas empresas estatales deberán cerrar debido a su inviabilidad económica, mientras que otras podrían beneficiarse de procesos de reingeniería destinados a mejorar su eficiencia y productividad. Además, planteó la posibilidad de administrar ciertas compañías bajo esquemas de alianza público-privada, donde el sector privado asumiría un rol más relevante en la gestión y operación.
Este enfoque responde a una crítica frecuente sobre la gestión estatal en Bolivia y otros países con administraciones socialistas, donde se ha observado que el control estatal directo sobre las empresas no siempre garantiza resultados positivos ni sostenibles. La propuesta busca aprovechar la experiencia y eficiencia del sector privado para revitalizar estas entidades, evitando así continuar con prácticas que solo generan pérdidas económicas.
Entre las empresas estatales mencionadas como ejemplos están la planta de cítricos en Bermejo, la planta azucarera en San Buena Ventura y Bulo Bulo en Cochabamba. Estas instalaciones ilustran cómo ciertos sectores productivos bajo administración pública han tenido dificultades para operar con éxito, acumulando ineficiencias y costos innecesarios sin lograr una producción rentable o competitiva.
El diputado enfatizó que aunque algunas empresas podrían reactivarse, esto solo será posible mediante un enfoque empresarial riguroso basado en criterios claros de productividad y eficiencia. Según él, estas condiciones son mejor manejadas por el sector privado, que puede aplicar modelos gerenciales orientados a resultados concretos.
En cuanto al proceso presupuestario actual, se informó que hasta ahora se ha estado ejecutando parcialmente un presupuesto elaborado por la administración anterior del Movimiento al Socialismo (MAS), complementado con disposiciones establecidas por un decreto emitido por el nuevo gobierno (decreto 5516). La expectativa es que este mes se presente un presupuesto actualizado y ajustado a las nuevas prioridades gubernamentales, incorporando las propuestas relacionadas con las empresas estatales y otras áreas clave.
La presentación oportuna del presupuesto es fundamental para asegurar una planificación financiera adecuada del Estado durante 2026. También permitirá definir con mayor claridad las estrategias económicas y administrativas necesarias para enfrentar los desafíos actuales en materia empresarial pública. La decisión sobre cómo manejar estas compañías tendrá un impacto directo en las finanzas nacionales y en el desarrollo económico general del país.
En definitiva, este proceso presupuestario no solo representa una obligación formal del gobierno sino también una oportunidad para replantear políticas públicas relacionadas con la gestión estatal empresarial. Las discusiones sobre cierre, reingeniería o alianzas público-privadas reflejan una búsqueda por mejorar la eficiencia económica y evitar seguir sosteniendo estructuras deficitarias que afectan los recursos públicos y limitan el crecimiento sostenible. El resultado final será observado atentamente tanto por actores políticos como por sectores económicos interesados en la evolución del modelo productivo boliviano durante los próximos años
