El Gobierno boliviano ha saldado su deuda pendiente con la Organización de Naciones Unidas, una acción que le permitirá al presidente Luis Arce participar y pronunciar un discurso en la 80 Asamblea General, programada del 23 al 29 de septiembre en Nueva York.
La confirmación del pago fue emitida por un alto funcionario de la Cancillería, quien detalló que se llevaron a cabo negociaciones para resolver la situación. Se logró un acuerdo para que el pago de la cuota de membresía fuera aceptado en moneda nacional, lo que ha restaurado los derechos de voto del país dentro del organismo multilateral. Este logro asegura la presencia del mandatario en el próximo encuentro global.
La noticia ha generado diversas reacciones, incluyendo la de un expresidente, quien previamente había advertido sobre las implicaciones de la morosidad, señalando que Bolivia había perdido su capacidad de voz y voto en las deliberaciones de la ONU. Tras el anuncio gubernamental, el exmandatario expresó su escepticismo sobre la oportunidad del pago y el subsiguiente viaje presidencial, calificando la situación de conveniente y oportuna, pero descarada en sus declaraciones públicas.
En marzo de este año, un exembajador ante la ONU había revelado que la falta de pago de las cuotas fue un factor determinante en su salida del cargo diplomático en Estados Unidos. En aquel momento, la deuda ascendía a 772.364 dólares. Durante los meses siguientes, el gobierno mantuvo silencio sobre el tema, hasta que la reciente declaración del vicecanciller reveló que la solución de esta obligación fue una instrucción directa del presidente Arce.
Un equipo interinstitucional, compuesto por la ministra de Relaciones Exteriores, un equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, la Cancillería, el Banco Central de Bolivia y el Instituto Nacional de Estadística, bajo la dependencia del Ministerio de Planificación, fue el encargado de llevar a cabo las negociaciones para regularizar la situación. Hasta la fecha, Bolivia no había podido participar en votaciones ni en la adopción de resoluciones en la ONU, precisamente debido a la falta de cumplimiento con el pago de su membresía. Con esta regularización, el país recupera plenamente su participación en los procesos del organismo internacional
