El Ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha expresado su enérgica censura ante las recientes declaraciones de Ruth Nina, figura vinculada a la extinta organización Pan-Bol y actual partidaria del expresidente Evo Morales. Las palabras de Nina, que aludieron a la posibilidad de un recuento de vidas en lugar de sufragios en la jornada electoral prevista para el 17 de agosto, han generado una fuerte controversia.
Desde la cartera de Gobierno, se calificó este pronunciamiento como una revelación de las verdaderas intenciones de una facción política, sugiriendo que disipa cualquier incertidumbre sobre los propósitos que persigue el exmandatario. Además, se indicó que tales afirmaciones reafirman las sospechas previas respecto a los lamentables decesos de efectivos policiales ocurridos durante movilizaciones afines a la misma corriente política.
La declaración en cuestión fue emitida durante una concentración de seguidores de la mencionada línea política en Lauca Ñ, Cochabamba. En ese contexto, la dirigente afirmó la disposición de sacrificar vidas antes de aceptar imposiciones electorales de la derecha, advirtiendo que, para la fecha de los comicios, las autoridades electorales y gubernamentales se verían obligadas a contabilizar fatalidades en lugar de los votos emitidos.
El titular de Gobierno señaló que estas manifestaciones verbales configuran un cúmulo de ilícitos, que abarcan desde la instigación pública a la comisión de delitos, pasando por infracciones de carácter electoral, hasta la posible tipificación como acto de terrorismo.
El controvertido pronunciamiento de Nina, quien en el pasado había sido una abierta detractora del expresidente Morales, ha provocado una oleada de repudio y múltiples solicitudes para el inicio de un proceso penal en su contra.
En este escenario, se subrayó la trascendencia no solo de la labor policial, sino también del compromiso de otras entidades clave, como el Tribunal Electoral. Adicionalmente, se hizo un llamado explícito al Ministerio Público y al Órgano Judicial para que, mediante una acción coordinada, establezcan un precedente firme. El objetivo es evitar que un sector minoritario vulnere la paz social y el derecho fundamental de los ciudadanos bolivianos a elegir libremente a sus representantes políticos
