Durante la gestión del gobierno de Luis Arce, se implementó un ambicioso Plan de Industrialización con Sustitución de Importaciones, diseñado para impulsar la economía nacional mediante el desarrollo de industrias vinculadas a la agroindustria. Sin embargo, una investigación exhaustiva ha revelado que, a pesar de la asignación de millones de bolivianos, estos proyectos no lograron consolidarse, evidenciando una red compleja de adjudicaciones directas, ampliaciones contractuales y deficiencias técnicas que favorecieron a un reducido grupo empresarial con conexiones políticas.
En particular, en varios departamentos se identificaron vínculos estrechos entre los empresarios beneficiados y cargos de liderazgo en organizaciones empresariales locales. Algunos de estos empresarios también han tenido roles destacados en asociaciones gremiales, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia y equidad en la distribución de los contratos.
Uno de los casos más emblemáticos es la Planta Procesadora de Extracción de Aceite Vegetal y Aditivos ubicada en Villa Montes. Este proyecto fue adjudicado directamente a Procosur SRL, empresa vinculada a un expresidente de la Federación de Empresarios local. El contrato inicial, que superaba los 65 millones de bolivianos, experimentó un incremento del 24%, el mayor dentro del plan, justificado por modificaciones normativas y ajustes técnicos para procesar distintos tipos de oleaginosas. No obstante, registros oficiales indican vínculos financieros y societarios entre los principales actores, a pesar de las negaciones públicas.
Otro proyecto destacado es la Planta Piscícola de Villa Montes, ejecutada bajo contratos que suman más de 75 millones de bolivianos. Además de encontrarse paralizada, esta obra generó un impacto ambiental considerable, incluida la deforestación de más de 100 hectáreas, y ha sido objeto de denuncias por robo de infraestructura y deficiencias en su diseño, como la falta de cerramiento perimetral.
En Yacuiba, se desarrollaron iniciativas como el Centro de Almacenamiento y Transformación de Granos, con una inversión superior a los 80 millones de bolivianos, y la Planta de Agroinsumos, dividida en varios componentes adjudicados a diferentes empresas, algunas vinculadas a dirigentes empresariales locales. Estos proyectos enfrentan cuestionamientos sobre su utilidad y eficacia.
Asimismo, la Planta de Agroinsumos de San Lorenzo fue implementada mediante múltiples contratos directos, asignados a distintas firmas por valores que suman decenas de millones de bolivianos. Pese al despliegue inicial, estas industrias permanecen inactivas y no responden a diagnósticos productivos adecuados, lo que genera preocupación sobre la viabilidad y el impacto real de estas inversiones.
Especialistas advierten que la paralización de estas industrias y la falta de planificación basada en estudios territoriales ponen en riesgo la conversión de estas infraestructuras en activos improductivos, financiados con recursos públicos. Además, se señala que mientras se destinaban miles de millones a estos proyectos, el Ministerio de Economía reportaba déficits operativos en empresas estatales que podrían haber sido utilizados para cumplir con demandas históricas en sectores como la salud.
En resumen, la apuesta por la industrialización en regiones clave vinculadas a la economía hidrocarburífera ha dejado como resultado infraestructuras sin funcionamiento efectivo, costos incrementados y serias dudas sobre la eficiencia en la gestión de recursos públicos. Ante esta situación, la nueva administración ha anunciado auditorías y la posibilidad de cerrar empresas estatales deficitarias, buscando corregir las irregularidades detectadas y optimizar el uso de los fondos públicos
