La promulgación del Decreto Supremo 5515 ha suscitado diversas opiniones entre políticos y expertos, tras autorizar que el presidente ejerza sus funciones desde el extranjero de manera temporal, utilizando medios tecnológicos. Esta normativa, firmada en Consejo de Ministros el 29 de diciembre de 2025, modifica la estructura del Órgano Ejecutivo y ha generado tanto apoyos como críticas, principalmente por su posible impacto en la interpretación constitucional.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé destacó la importancia de la coordinación entre los poderes del Estado, subrayando que las diferencias personales no deberían afectar el respeto a los principios constitucionales. En su opinión, la medida podría agravar tensiones internas y carecer de una base constitucional sólida.
Desde el ámbito del análisis político, Franco Gamboa explicó que el decreto no implica una delegación total del poder presidencial al vicepresidente durante la ausencia física del mandatario. Según Gamboa, la norma fortalece la continuidad del mando presidencial a través del uso obligatorio de tecnologías de comunicación, manteniendo al presidente en funciones activas incluso fuera del territorio nacional. El vicepresidente solo asumiría funciones ejecutivas bajo condiciones específicas: imposibilidad real del uso de medios tecnológicos, comunicación escrita y expresa del presidente, y un detalle claro de las acciones a ejecutar. Además, enfatizó que el vicepresidente debe limitarse a las instrucciones precisas del presidente, sin margen para decisiones autónomas, actuando más como un ejecutor que como un decisor soberano.
El exdiputado Gonzalo Barrientos consideró que la autorización para gobernar a distancia refleja tensiones internas en el Ejecutivo, particularmente entre el presidente y el vicepresidente. Calificó la norma como una disposición inédita que podría marcar un precedente en la historia democrática del país.
Por su parte, el exministro Freddy Alejandro Vidovic Falch expresó preocupación por la supuesta inconstitucionalidad del decreto, al entender que limita las funciones del vicepresidente y transfiere competencias a un ministro sin legitimidad democrática directa. Según su análisis, esta medida altera el equilibrio institucional previsto en la Constitución y podría debilitar la figura presidencial al concentrar decisiones estratégicas en autoridades no electas.
Finalmente, el senador Leonardo Roca calificó la situación como una grave crisis institucional y advirtió sobre posibles problemas de constitucionalidad en el decreto.
En conjunto, estas posturas reflejan un debate intenso sobre la legalidad y las implicaciones políticas del Decreto Supremo 5515, que busca adaptar el ejercicio del poder presidencial en un contexto de desafíos internos dentro del Órgano Ejecutivo
