El presidente Rodrigo Paz, quien llegó al poder tras ganar las elecciones generales de 2025 con un respaldo mayoritario del 54.96% de los votos, ha cumplido tres meses al frente de la Casa Grande del Pueblo. Desde el inicio de su gestión, Paz manifestó su compromiso de “gobernar para las mayorías”, una promesa que ha enfrentado diversos desafíos y situaciones complejas en este primer trimestre.
Este período inicial se ha caracterizado por una intensa actividad legislativa, marcada principalmente por una serie de decretos supremos que han generado polémica y debate en la sociedad. Entre estas normas, destacó el Decreto Supremo 5503, que intentó eliminar el subsidio a los combustibles, una medida que provocó un fuerte rechazo social y movilizaciones lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB). La presión social fue determinante para que el Gobierno diera marcha atrás y sustituyera esta norma por otro decreto, el 5516, evidenciando las dificultades del Ejecutivo para implementar reformas económicas sensibles sin generar tensiones sociales.
Además de este episodio, otros decretos generaron controversia. El Decreto Supremo 5515 habilitó la posibilidad de gobernar a distancia mediante dispositivos tecnológicos, una innovación que no fue bien recibida dentro del propio Ejecutivo. El vicepresidente Edmand Lara expresó su descontento ante esta medida, al considerar que limitaba sus capacidades para asumir funciones presidenciales en ausencia del mandatario. Esta discordancia es parte de un conflicto interno más profundo entre Paz y Lara, cuyo distanciamiento se ha hecho evidente desde antes incluso de asumir el poder.
La relación entre ambos líderes políticos se tensó considerablemente tras la destitución del ministro de Justicia Freddy Vidovic en noviembre de 2025. Lara defendió públicamente la permanencia del abogado en el gabinete, pero finalmente Vidovic fue removido debido a procesos legales pendientes. Este episodio exacerbó las diferencias entre Paz y Lara, quienes han mantenido posturas enfrentadas sobre la orientación del gobierno y sus prioridades. Aunque recientemente intentaron reconciliarse, cada uno continúa manejando agendas paralelas con escasa comunicación efectiva.
En materia económica y social, otro tema que ha marcado estos meses es la crisis relacionada con los combustibles. Pese a los esfuerzos iniciales para abastecer las estaciones de servicio ante la escasez generalizada que afectaba al país desde finales del mandato anterior, las dificultades persistieron. Las filas en surtidores volvieron a ser largas y frecuentes, generando malestar entre los ciudadanos y sectores estratégicos como los transportistas. Estos últimos denunciaron problemas técnicos derivados de la calidad deficiente de la gasolina suministrada, lo cual llevó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a activar seguros solidarios para resarcir daños a vehículos afectados por lo que denominaron “gasolina desestabilizada”. En este contexto, el presidente Paz atribuyó las protestas a un supuesto complot político en su contra.
El escándalo más resonante durante estos primeros meses fue sin duda el caso conocido como “maletas fugadas”, relacionado con 31 maletas misteriosas enviadas desde Los Ángeles hacia Bolivia bajo circunstancias irregulares. La exdiputada Laura Rojas ingresó estas valijas sin revisión alguna al Aeropuerto Internacional Viru Viru el 29 de noviembre pasado, utilizando un pasaporte diplomático pese a no contar con funciones parlamentarias activas. Las maletas fueron trasladadas a un galpón vinculado a una empresa de seguridad donde uno de sus socios era el juez Herbert Zeballos. Posteriormente se descubrió que ese depósito contenía 79 kilos de marihuana durante un allanamiento policial.
Este caso derivó en la detención preventiva tanto del juez Zeballos como de Rojas: él permanece recluido en Palmasola con suspensión provisional en su cargo judicial mientras ella enfrenta prisión preventiva por seis meses tras declarar inicialmente como testigo. El presidente Paz afirmó que desde su administración ya contaban con información sobre esta trama ilícita y han seguido procedimientos para desentrañar toda la estructura involucrada; sin embargo, hasta ahora se desconoce el contenido exacto de las maletas ni los alcances completos del caso.
Las reacciones políticas frente al desempeño presidencial durante estos tres meses han sido diversas y reflejan posturas encontradas dentro del espectro político nacional. Desde sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS), como los exparlamentarios Leonardo Loza y Héctor Arce, se criticaron duramente las decisiones gubernamentales calificándolas como “decretazos” que han profundizado la pobreza y aumentado la deuda externa del país; además señalaron una relación “tóxica” entre Paz y Lara que afecta negativamente la gobernabilidad.
Por otro lado, representantes opositores valoraron algunos avances económicos registrados bajo el nuevo gobierno. El alcalde paceño Iván Arias reconoció logros como la mejora en la imagen internacional del país y cierta estabilización económica aunque cuestionó aspectos como el gobierno virtual y las tensiones internas entre presidente y vicepresidente. Alejandro Reyes, diputado por Unidad Democrática (UD), consideró positivo este primer trimestre especialmente por indicadores económicos favorables como la reducción del riesgo país o mejoras en el suministro de combustibles.
El economista Gonzalo Chávez también destacó desde un análisis técnico que la eliminación gradual del subsidio a carburantes fue acertada tanto desde lo económico como desde lo político pese a las resistencias iniciales. En ese sentido, durante un acto oficial Paz resaltó el valor simbólico e institucional que representó esta reforma dentro del camino hacia una mayor madurez política para Bolivia.
Finalmente, analistas políticos observan que la relación entre Rodrigo Paz y Edmand Lara sigue siendo uno de los principales focos críticos dentro del gobierno actual. Marcelo Arequipa apuntó a una falta de sintonía entre ambos líderes debido a diferencias en preparación política y estilos de liderazgo; mientras Paz opta por evitar confrontaciones directas para mantener cierta estabilidad interna.
En síntesis, estos primeros tres meses bajo el mandato presidencial de Rodrigo Paz han sido intensos y complejos. Entre intentos reformistas cuestionados públicamente, conflictos internos profundizados con su vicepresidente, crisis energéticas persistentes e incidentes judiciales con repercusiones internacionales significativas —como el caso “maletas”— se configura un escenario desafiante para consolidar un proyecto gubernamental sólido capaz de cumplir con las expectativas ciudadanas expresadas durante los comicios generales donde obtuvo amplio respaldo popular. La manera en que se aborden estas tensiones internas y externas será clave para definir el rumbo político y económico durante lo restante del periodo presidencial actual
