A poco más de dos meses desde la asunción de Rodrigo Paz a la Presidencia de Bolivia, el país enfrenta un panorama económico y político complejo. La persistente inflación, la escasez de combustibles, el incremento de precios y las tensiones sociales heredadas de un 2025 particularmente complicado, han marcado el fin del año. A este escenario se suman las estrictas medidas para garantizar el suministro de carburantes, la ruptura de la alianza gubernamental entre presidente y vicepresidente, así como el inicio del proceso electoral subnacional previsto para 2026.
Diversos actores políticos, analistas y comunicadores coinciden en que el presente año será crucial para definir el rumbo nacional. Se plantea la posibilidad de consolidar un camino hacia la estabilidad y la implementación de reformas con respaldo popular, o bien, de retornar a un ciclo de inestabilidad que podría afectar tanto las elecciones subnacionales como la gobernabilidad general.
Carlos Manuel “Mamen” Saavedra, exconcejal y aspirante a la alcaldía cruceña por VOS, destaca un cambio positivo en el ánimo social. Tras un 2025 que calificó como uno de los más difíciles en décadas, señala que la población ya no desea repetir escenarios de crisis y comienza a vislumbrar oportunidades de mejora. Para Saavedra, el desafío trasciende a los partidos políticos y requiere un esfuerzo conjunto entre autoridades, empresarios y sociedad civil para impulsar la estabilidad.
Desde una perspectiva política, Orlando Peralta señala que 2026 será un año de evaluación y espera. Si bien reconoce que algunas decisiones gubernamentales pueden estar técnicamente justificadas, advierte que los resultados deberán observarse a corto y mediano plazo. La ausencia de avances podría acarrear un alto costo político, sobre todo en un contexto donde la figura del vicepresidente se ha convertido en un actor de oposición interna, complicando la gobernabilidad.
En el ámbito legislativo, Ricardo Rada, diputado por Santa Cruz del Partido Demócrata Cristiano (PDC), vislumbra un enfrentamiento entre dos modelos para el próximo año: uno orientado a superar la crisis y otro vinculado a prácticas prebendales del pasado. A su juicio, el respaldo ciudadano será fundamental para sostener las medidas del Ejecutivo y prevenir retrocesos económicos y políticos.
Joadel Bravo, abogado y exfiscal, ofrece una visión más crítica al considerar que Bolivia está cerrando un ciclo político de dos décadas. Para él, 2026 debe ser un año de profundización de cambios, incluso mediante decisiones drásticas como la reducción del gasto estatal y la resolución de conflictos pendientes con sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), transportistas y mineros.
Desde la oposición, Róger Blanco, diputado de Libre, describe un escenario electoral abierto. Reconoce el desgaste del Gobierno, pero advierte que el rechazo popular por sí solo no definirá el futuro político. Según Blanco, la clave estará en quién sea capaz de ofrecer certidumbre económica y una alternativa creíble para una ciudadanía más preocupada por el empleo y el bienestar familiar que por la confrontación ideológica.
El periodista Roberto Ergueta, de Radio Éxito en La Paz, enfatiza la fragilidad del clima social. Tras la promulgación del decreto 5503, las movilizaciones y los intentos de desestabilización han incrementado la presión sobre el Ejecutivo, que deberá priorizar el diálogo y adoptar medidas orientadas a estabilizar la economía para evitar una escalada de conflictos en 2026.
A pesar del clima de tensión, los conflictos sectoriales y las disputas políticas, en la población comienza a percibirse un cambio en el ánimo hacia el cierre de año. La sensación predominante ya no es la de un empeoramiento inevitable, sino una expectativa prudente de que este año pueda marcar un punto de inflexión en la vida de los bolivianos
