El reciente intercambio de declaraciones entre el vicepresidente Edmand Lara y el Gobierno ha desatado una fuerte controversia política que pone en evidencia las tensiones internas dentro del Órgano Ejecutivo. La solicitud pública de Lara para entablar un diálogo con el presidente Rodrigo Paz, con el objetivo declarado de “limar asperezas por el bien del país”, ha sido recibida con críticas y cuestionamientos por parte de funcionarios oficiales, quienes ponen en duda la coherencia y la seriedad de su propuesta, especialmente tras meses de denuncias y posturas claramente opositoras expresadas por el propio vicepresidente.
El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, ha sido uno de los principales voceros del Ejecutivo para responder a esta situación. Desde su perspectiva, las diferencias institucionales no deben ventilarse ni resolverse a través de redes sociales o plataformas informales como TikTok, medios que Lara ha utilizado para expresar sus críticas. Santamaría enfatizó que si existiera una verdadera intención de acercamiento, esta debería manifestarse mediante canales formales y directos con el presidente Paz, evitando la contradicción de cuestionar decisiones gubernamentales en un momento y posteriormente solicitar diálogo público. Para el viceministro, la coherencia y la seriedad son imprescindibles para mantener una relación institucional que beneficie al país, subrayando que tanto Lara como otros ministros cuentan con los medios necesarios para comunicarse directamente con el mandatario.
Ante la posibilidad de una fractura institucional entre la Vicepresidencia y el Ejecutivo, Santamaría optó por minimizar la gravedad del conflicto, calificándolo como un asunto aislado frente a las prioridades sustanciales del Gobierno. Destacó los avances alcanzados en los primeros meses de gestión, tales como la estabilización económica, la recuperación de la confianza internacional y la mejora en indicadores macroeconómicos clave. Señaló que se ha logrado pasar del déficit al superávit en la balanza de pagos durante enero de 2026, además del descenso en el valor del dólar, factores que contribuyen a reducir el déficit fiscal y tienen un impacto directo en la economía familiar. En este contexto, consideró que las declaraciones contradictorias del vicepresidente carecen de relevancia práctica para los ciudadanos, pues no alteran su vida cotidiana.
En contraste con esta postura oficial moderada, las reacciones desde la Asamblea Legislativa evidencian posturas divergentes respecto al papel y comportamiento del vicepresidente Lara. El diputado Alejandro Reyes, representante del partido Unidad, fue particularmente crítico al calificar a Lara como el “rey del drama”, señalando que su llamado al diálogo carece de seriedad y demanda una disculpa pública hacia el presidente Paz y su familia. Reyes argumentó que si verdaderamente se buscara una reconciliación institucional, esta debería realizarse mediante los canales formales correspondientes y no a través de maniobras mediáticas destinadas a ganar simpatía popular. Su visión refleja una posición dura frente a lo que considera un manejo irresponsable y teatralizado del conflicto.
Por otro lado, desde filas más cercanas a Lara se apela al entendimiento y a la búsqueda sincera de acuerdos. El diputado Daniel Fernández, vinculado al Partido Demócrata Cristiano (PDC), expresó su esperanza en que las diferencias puedan resolverse mediante diálogo efectivo. Fernández destacó que Lara reconoció errores previos y mostró disposición para coordinar acciones conjuntas con el Ejecutivo. Esta postura invita a agotar todas las instancias posibles para lograr un acuerdo político que fortalezca la gobernabilidad.
Asimismo, voces externas al gobierno pero vinculadas al ámbito social también han intervenido en este debate político interno. Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, criticó el enfrentamiento público entre ambas autoridades e hizo un llamado a enfocarse en sus responsabilidades gubernamentales. Subrayó que resulta inapropiado para la población presenciar disputas internas expuestas públicamente como si fueran un espectáculo o “una novela de mal gusto”. Su mensaje apunta a la necesidad de resolver diferencias dentro del marco institucional sin afectar la percepción ciudadana sobre la estabilidad política.
El propio vicepresidente Edmand Lara ha persistido en sus intentos por impulsar un diálogo abierto con el presidente Paz pese a no haber obtenido respuesta favorable inicialmente. En sus recientes intervenciones públicas volvió a insistir sobre esta necesidad pero introduciendo elementos más preocupantes ligados al tema del narcotráfico. Lara alertó acerca de lo que denominó un “narcoestado” fuera del control efectivo ni siquiera por parte de las fuerzas policiales o gubernamentales. En ese sentido anunció su intención de enviar notas formales proponiendo cambios específicos en altos mandos policiales —incluyendo la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN)— así como en el Ministerio de Gobierno.
Para respaldar sus planteamientos mencionó casos concretos relacionados con incautaciones internacionales vinculadas a avionetas bolivianas transportando droga hacia Brasil y Paraguay. Además hizo referencia a episodios violentos asociados al narcotráfico registrados en Santa Cruz. Estas denuncias representan una escalada significativa dentro del conflicto político porque involucran temas sensibles sobre seguridad nacional e integridad institucional.
Frente a estas acusaciones adicionales y continuas diferencias expresadas públicamente por Lara, desde las filas oficiales se mantiene firme la postura sobre cómo deben manejarse estas discrepancias: rechazando cualquier resolución mediática o informal mediante redes sociales e insistiendo en utilizar los cauces institucionales establecidos para dirimir conflictos políticos internos.
En definitiva, esta crisis entre vicepresidente y Ejecutivo pone sobre el tapete importantes desafíos respecto al manejo político interno dentro del gobierno actual. La confrontación pública expuesta genera inquietud sobre cómo garantizar estabilidad administrativa mientras se atienden temas prioritarios para el país —como son los avances económicos o la lucha contra el narcotráfico— sin distraer ni dividir esfuerzos gubernamentales esenciales para mejorar las condiciones sociales y económicas que afectan directamente a los ciudadanos. La necesidad imperiosa es encontrar mecanismos efectivos para resolver estas diferencias sin afectar negativamente la imagen institucional ni comprometer los objetivos estratégicos nacionales planteados desde inicios de gestión
