El pasado 12 de febrero, un periodista que se encontraba cubriendo las actividades relacionadas con las elecciones subnacionales en la ciudad de El Alto fue víctima de un ataque violento que ha generado una fuerte reacción por parte del Gobierno y diversas organizaciones periodísticas. Este incidente, ocurrido en un contexto electoral crucial, ha sido calificado como una agresión grave contra la libertad de prensa y la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el país.
El periodista, tras cubrir un acto de campaña en la plaza de la Cruz de Villa Adela, fue interceptado por individuos desconocidos mientras se dirigía a su domicilio. Según las denuncias presentadas por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), los agresores lo sometieron violentamente, lo introdujeron por la fuerza en un vehículo y lo trasladaron aproximadamente 15 kilómetros hasta un terreno baldío ubicado en la zona de Kiswaras. Durante este ataque, los agresores profirieron amenazas explícitas, evidenciando que conocían su identidad como periodista y que el objetivo era silenciar su voz mediante intimidación y violencia.
Las consecuencias del ataque fueron severas: el periodista sufrió cortes provocados con un arma cortopunzante, incluyendo una herida grave que le afectó la lengua. La valoración médica confirmó que estas lesiones no fueron accidentales sino intencionales, reflejando una intención clara de amedrentar y limitar su capacidad para ejercer su labor informativa. Posteriormente, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Corea y dado de alta pocos días después, aunque el impacto físico y psicológico del hecho es considerable.
Este caso no solo ha conmocionado al gremio periodístico sino también a las autoridades gubernamentales. El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado oficial donde calificó esta agresión como una amenaza directa contra los pilares fundamentales del sistema democrático: la libertad de prensa y expresión. Se subrayó el compromiso estatal para garantizar que este tipo de actos no queden impunes y se anunció que ya se han iniciado las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a los responsables.
En paralelo, el ministro de Gobierno expresó públicamente su solidaridad con el periodista afectado y su familia, así como con las organizaciones defensoras del derecho a informar. Reiteró la postura del Estado frente a cualquier intento de intimidar o silenciar a los profesionales del periodismo, enfatizando que proteger a estos trabajadores es proteger la democracia misma.
La Dirección General de Comunicación Estratégica del Estado ha confirmado que continuará brindando información conforme avance la investigación abierta por las autoridades competentes. La denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), junto con una evaluación forense realizada en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), forman parte del proceso legal para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Este episodio tiene importantes implicaciones para el ejercicio periodístico en Bolivia, especialmente en un escenario electoral donde la transparencia informativa es fundamental para el desarrollo democrático. Las organizaciones periodísticas han pedido garantías para que los periodistas puedan realizar su trabajo sin temor a represalias o violencia. Además, advierten sobre el riesgo que implica dejar sin sanción estos ataques: enviaría un mensaje peligroso sobre la permisividad hacia actos violentos contra quienes informan a la sociedad.
En suma, este lamentable hecho pone en evidencia los desafíos que enfrentan los periodistas bolivianos al cubrir temáticas sensibles como procesos electorales. La respuesta institucional rápida y contundente refleja una intención clara por parte del Gobierno para proteger a los comunicadores sociales, reafirmando el compromiso con los derechos fundamentales y el respeto hacia quienes contribuyen al acceso libre y seguro a la información pública. La atención sobre este caso continuará siendo prioridad hasta lograr justicia plena para el periodista agredido y garantizar condiciones seguras para toda la prensa nacional
