La paralización del proyecto de energía eólica en Tarija, que contaba con respaldo financiero, sigue sin una explicación oficial, a pesar de las reiteradas solicitudes de información elevadas desde hace cinco meses. La iniciativa, destinada a aprovechar el potencial energético de la región, se encuentra en un limbo administrativo, generando incertidumbre y frustración.
Una legisladora nacional ha manifestado que, a pesar de haber dirigido requerimientos de información a diversas entidades, incluyendo el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), no se ha obtenido ninguna respuesta hasta la fecha. Se ha señalado que la empresa eléctrica estatal comunicó la suspensión del proyecto mediante un breve comunicado, una decisión que la parlamentaria considera improcedente.
El financiamiento para esta planta eólica fue aprobado por ley en la Asamblea Plurinacional, lo que implica que cualquier modificación o cancelación en el uso de esos recursos debería seguir un proceso legislativo similar al de su aprobación inicial. La determinación unilateral de suspender el proyecto es cuestionada por su falta de sustento legal y por ignorar los procedimientos establecidos.
Se ha puesto en tela de juicio la responsabilidad no solo del Ministerio de Hidrocarburos, sino también del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, además de la propia empresa estatal de energía, por la paralización de esta importante iniciativa. Los terrenos donde se preveía instalar la planta, ubicados en La Ventolera, fueron cedidos por quien fuera alcalde de Uriondo y ahora ocupa la cartera de Medio Ambiente.
A pesar de que se desembolsaron determinados montos del financiamiento obtenido, estos recursos solo se utilizaron para delimitar el perímetro del predio. Esta situación ha generado una profunda decepción en la región, percibida como otra promesa incumplida que se suma a una serie de proyectos frustrados para los habitantes de Tarija.
La misma falta de avance y gestión deficiente se observa en otras obras de infraestructura cruciales, como la carretera al Gran Chaco o las reparaciones del puente alternativo de Tomatitas, cuya situación actual es motivo de duras críticas.
La legisladora ha expresado la esperanza de que futuras administraciones impongan sanciones por estas irregularidades, dada la aparente falta de voluntad del Ministerio Público para investigar casos como el de la planta eólica. Se considera fundamental una reforma en el proceso de selección de jueces y fiscales para asegurar la independencia judicial y evitar que intereses políticos obstaculicen la rendición de cuentas por posibles delitos.
Aunque no se precisan los montos exactos del préstamo ni de los fondos desembolsados para la planta eólica, se subraya que, mientras este proyecto se paraliza en Tarija, iniciativas similares se están impulsando en otras regiones del país, como Santa Cruz
