El 13 de noviembre de 2025, se promulgó una ley que declara de utilidad pública la construcción y la integración del tramo San Lorencito–Iscayachi–Yunchará–Cruce Mojo–Villazón dentro de la Red Vial Fundamental. Esta normativa faculta al Ministerio de Obras Públicas para coordinar y suscribir convenios que permitan financiar la ejecución de esta vía, un proyecto largamente esperado por transportistas, autoridades y comunidades locales.
Este tramo vial, que conecta importantes localidades y regiones, ha sido objeto de reclamos desde 2021 debido a la falta de recursos y atención por parte de las gobernaciones involucradas, las cuales no cuentan con los fondos necesarios para su mantenimiento ni para su asfaltado. La situación generó tensiones y movilizaciones, especialmente cuando en 2023 se evidenció un estancamiento en el avance del proyecto en una de las jurisdicciones, mientras que la otra asumió la mayor parte del financiamiento para su sección correspondiente.
A pesar de la promulgación de la ley, representantes del sector de transporte expresan su preocupación por la ausencia de diálogo y planificación efectiva con el Ministerio de Obras Públicas. Señalan que, según los acuerdos nacionales, el financiamiento debería repartirse con un 70% a cargo del Gobierno central y un 30% de las gobernaciones, pero insisten en que estas últimas ya no están en condiciones de aportar debido a la compleja situación financiera y administrativa que enfrentan.
El tramo en cuestión, de aproximadamente 70 kilómetros, es considerado estratégico para la integración regional y el desarrollo económico, especialmente por su conexión con la frontera internacional. Los actores vinculados al transporte y las comunidades enfatizan que la mejora de esta ruta es fundamental para impulsar el crecimiento y la conectividad, y demandan una intervención urgente y coordinada por parte del Estado para avanzar en su construcción y mantenimiento.
En este contexto, el sector transporte también señala la falta de respuesta institucional, incluso del Ministerio de Obras Públicas, pese a los reiterados pedidos de diálogo y coordinación para abordar esta problemática que afecta directamente a la movilidad y la economía regional. La expectativa ahora se centra en que las autoridades nacionales asuman el compromiso y gestionen los recursos necesarios para concretar esta obra vital
