En un nuevo capítulo de tensiones económicas, el Gobierno nacional ha intensificado su escrutinio sobre el sector cárnico, señalando directamente a productores, industriales frigoríficos y comerciantes minoristas como responsables del persistente incremento en los precios de la carne. La administración central condiciona la reactivación de las exportaciones a la efectiva implementación de medidas que reviertan la tendencia alcista en el mercado interno.
Según declaraciones recientes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, los compromisos previamente establecidos con los actores del sector para lograr una estabilización y reducción de precios no se habrían materializado. Representantes gubernamentales han expresado su preocupación ante la falta de respuesta positiva por parte de algunos segmentos del sector, particularmente los comerciantes minoristas, quienes hasta el momento no habrían accedido a participar en las mesas de diálogo propuestas.
En una comparecencia pública, un portavoz del Ministerio manifestó la postura del Ejecutivo, enfatizando la necesidad de un accionar coordinado y responsable por parte de los productores ganaderos e industriales. Se argumenta que, a pesar de los acuerdos suscritos el año anterior, destinados a moderar los precios ante la mejora estacional en la disponibilidad de pastos, el costo de la carne no solo no ha disminuido, sino que, por el contrario, ha experimentado un aumento.
Desde el Gobierno se afirma haber facilitado un marco de entendimiento que permitiera a los productores primarios reducir sus precios hasta un valor de 18 bolivianos por kilogramo de ganado en pie, y a los frigoríficos ajustar sus tarifas a 34 bolivianos por kilogramo gancho. Si bien se reconoce un cumplimiento inicial de estos acuerdos, se denuncia una posterior reversión de esta tendencia. En este contexto, se ha reiterado que la autorización para la exportación de carne permanecerá suspendida hasta verificar un descenso efectivo en los precios internos, el cumplimiento integral de los acuerdos pactados y una evaluación exhaustiva de las repercusiones y pérdidas en el inventario ganadero.
Por su parte, los productores del sector insisten en que el incremento sostenido de los costos de producción, impulsado por el encarecimiento de insumos esenciales, la dificultad para acceder a divisas y la escasez de combustibles, son factores determinantes en el alza de precios. La restricción a las exportaciones de carne, implementada por el Gobierno a principios de febrero, se mantiene vigente, mientras que desde el sector minorista se aboga por la prolongación indefinida de esta medida, argumentando que los envíos al exterior han provocado una disminución en la oferta local.
Esta no es la primera vez que el Gobierno recurre a la suspensión de exportaciones como mecanismo de presión. Una medida similar fue adoptada en el pasado, en un contexto de conflictividad social en la región de Santa Cruz. Representantes del sector ganadero aseguran que la producción actual garantiza el abastecimiento del mercado interno, con un volumen de aproximadamente dos mil cabezas de ganado diarias.
En otro frente, la organización que agremia a los trabajadores del sector cárnico ha anunciado la posibilidad de iniciar una paralización de actividades a partir del 11 de mayo, en caso de no concretarse una reunión con el Presidente de la Nación. Voceros de esta confederación sindical han establecido un plazo hasta finales de abril para obtener una respuesta favorable a su solicitud de encuentro con el primer mandatario, advirtiendo que, de no producirse, se convocaría a una instancia nacional para definir acciones de protesta en demanda de la reducción del precio del kilogramo gancho.
Desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras se ha reiterado la disposición al diálogo, señalando que se han extendido invitaciones previas a los representantes de los comerciantes minoristas, las cuales no habrían sido aceptadas. Se anuncia una nueva convocatoria formal, con fecha y hora específica, en un intento por establecer un espacio de negociación.
En días recientes, funcionarios ministeriales han señalado a los comerciantes como responsables de la falta de impacto de las medidas adoptadas en el precio final al consumidor. Se argumenta que, a pesar de adquirir el kilogramo gancho a un precio de referencia de 34,5 bolivianos, el producto se comercializa al público a precios superiores a los 46 bolivianos, generando márgenes de ganancia significativos en algunos cortes específicos
